Su decisión deja en mal lugar a su antecesor, que no se plantea dimitir, pero facilitaría la investidura de Susana Díaz
22 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El caso de los ERE ha abierto una brecha entre el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, ambos imputados en el Tribunal Supremo por esta causa. Al contrario que Chaves, Griñán está decidido a abandonar su acta de senador, independientemente de que el juez les impute o no finalmente a ambos un delito. A pesar de su distanciamiento político con Susana Díaz, a la que él mismo eligió como sucesora, Griñán trata de facilitar así la investidura de la líder del PSOE andaluz, a la que tanto Ciudadanos como Podemos exigen la dimisión de sus dos predecesores como condición para permitirla gobernar.
Senador por designación autonómica, Griñán renunciaría así a renovar ese cargo cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz. El también expresidente del PSOE, al contrario que Chaves, admitió en su declaración en el Supremo que existió «un gran fraude» sobre los ERE, aunque negó cualquier responsabilidad. De consumar su renuncia al Senado, pasaría así a ser investigado por la jueza Mercedes Alaya, instructora de toda la causa de los ERE, que tuvo que ceder al Supremo la competencia sobre Griñán y Chaves y otros ex altos cargos al ser estos aforados.
La estrategia de Griñán dejaría sin embargo en muy mal lugar a Manuel Chaves, quien no ha dado ninguna señal de querer dejar su escaño de diputado. El ex vicepresidente del Gobierno de Zapatero está convencido de que el Supremo no le imputará un delito y archivará la causa contra él. Su intención, en todo caso, es continuar en el Congreso y evitar ser investigado por la jueza Alaya, de cuya imparcialidad desconfía.
El PSOE, sin embargo, no se da de momento por aludido. El secretario general del Grupo Socialista en el Senado, Óscar López, aseguró ayer que no tiene «ninguna información» sobre si José Antonio Griñán piensa abandonar o no el Senado. Lo mismo dijo el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando. «No conocía esta intención», señaló el diputado socialista, quien añadió que si se consumara esa renuncia sería una «decisión personal» que «no tiene que ver con las decisiones que toma la Comisión Ejecutiva Federal sobre la continuación de personas implicadas en determinado tipo de procesos».
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló ayer que si Griñán se decide a abandonar el escaño será «un buen paso» hacia un acuerdo que permita a los socialistas gobernar en Andalucía, pero advirtió de que aún queda «la otra mitad», en alusión a Chaves, En todo caso, Rivera recordó a Susana Díaz que no tiene la mayoría y que se la «tiene que trabajar». Y también que, si finalmente no consigue gobernar, «será un error de quién ha convocado las elecciones».
La Fiscalía quiere que el exinterventor de la Junta rebata a los expresidentes
Una vez terminada la ronda de declaraciones de los cinco aforados en el caso de los ERE fraudulentos, la Fiscalía del Tribunal Supremo amplió ayer las pesquisas con dos peticiones de interrogatorio que podrían resultar claves. Solicitó la declaración en calidad de imputado del exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, con la idea de que rebata los testimonios de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que defendieron que nunca recibieron un informe de ese organismo de control alertándoles de irregularidades en las ayudas sociolaborales entre el 2000 y el 2012.
También reclamó la comparecencia, como imputado, del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sustituto del diputado José Antonio Viera, aforado e imputado en la causa. A esta consejería pertenece la Dirección General de Trabajo, desde donde se produjo el desvío de unos 140 de los 855 millones presupuestados.
Dice que sí avisó
El interrogatorio al interventor general entre el 2000 y el 2010 se presupone importante. El de Gómez, imputado en la causa ordinaria de Sevilla, fue uno de los testimonios que permitieron a la jueza Mercedes Alaya elevar al Supremo la exposición razonada contra los aforados. La razón es que defiende que sí avisó de las irregularidades del sistema presupuestario.
La pasada semana, tras conocer las declaraciones de Griñán y Chaves, el exinterventor dijo en un comunicado que se basaron en un «cúmulo de invenciones» que él quiere desmontar compareciendo voluntariamente. La conducta de los expresidentes, a su juicio, fue «una indignidad». «Es indecente desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios», dijo.
La estrategia de defensa de Chaves y Griñán se centra en que no actuaron para atajar el fraude porque el interventor no emitió un informe de actuación, es decir, que no llegó hasta el último extremo en sus advertencias.
La petición de los fiscales se realizó coincidiendo con la finalización de las comparecencias de los cinco aforados en la causa, que concluyó ayer con la exconsejera de Presidencia Mar Moreno. Tras una hora y media de interrogatorio, la ahora senadora socialista se mostró «razonablemente satisfecha». Tengo confianza en la Justicia, dijo a la salida s. En su declaración, sí admitió el «quebranto económico» generado por las ayudas fraudulentas, pero se extendió en defender su falta de conocimiento. Y se mostró convencida de que cuando saltó el escándalo el entonces presidente Griñán intentó solucionarlo.