Zarrías niega que el interventor se opusiera a sus propuestas presupuestarias

El exconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía ha declarado hoy ante el juez del caso ERE en el Supremo

Gaspar Zarrías llega a las dependencias del Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos
Gaspar Zarrías llega a las dependencias del Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos

Madrid / Colpisa

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, también negó ante el Tribunal Supremo tener la menor responsabilidad en el caso de los ERE fraudulentos. El ahora diputado del PSOE declaró ayer durante más de tres horas como imputado en el caso en el que se investiga su presunta prevaricación y malversación de caudales.

El parlamentario, y por lo tanto aforado ante el Supremo, afirmó tras ser interrogado que la Comisión General de Viceconsejeros que él presidía, los denominados «consejillos», «no tenía poder de decisión» sobre las partidas destinadas a las ayudas sociolaborales, ya que la ejecución de este sistema competía a la Consejería de Empleo.

Zarrías defendió que «siempre y en todo momento elevó al Consejo de Gobierno asuntos plenamente afectados por la legalidad» y añadió que jamás destinó procedimientos «que no tuvieran los requisitos que la ley marca y que están perfectamente ajustado a derecho».

Un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señaló que el entonces consejero presidió hasta doce sesiones de «consejillos» en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como «fondo de reptiles».

El grueso de la declaración ante el juez Alberto Jorge Barreiro se centró en su papel dentro de estas reuniones. Para Zarrías, son un órgano colegiado de carácter administrativo, con la presencia de todos los viceconsejeros, y no aprueba nada. «No es un órgano político ni se plantean debates. Solo comprueba que todos los documentos que obran en el expediente son conforme a ley para elevarlo al Consejo de Gobierno», remachó el exconsejero, según su declaración.

Lanzas

El imputado aseguró, además, que no fue ni el «mentor» ni el «jefe» del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, conocido como «conseguidor» en la causa e imputado por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya. Dijo que solo conoció a Lanzas por su labor como asesor del comité de empresa de Cárnicas Molina, una compañía de Jaén con 500 trabajadores por la que se interesó en la quiebra que sufrió en 1995.

Zarrías, diputado por esta provincia, reconoció que su labor en esta empresa fue de «intermediación política para que la actividad de la empresas continuara y no dejar en el desamparo a los trabajadores». Luego «le perdió la pista» a Lanzas y este volvió a aparecer en el 2007 como asesor del comité para buscar a alguna compañía que se hiciera cargo de la actividad productiva.

Tras las elecciones del 2008, señaló que en mayo le pidieron una nueva reunión y le informaron de que en Jaén podían instalarse dos empresas en las que recolocar a los trabajadores de Cárnicas Molina, una de ellas Dhul, para hacer platos precocinados, y por lo que recibió una llamada de los representantes de Nueva Rumasa. Nada más.

Reparto con equidad

Además, el juez y el fiscal le interpelaron por el fraude los ERE y contestó que estaba plenamente convencido que las ayudas se repartían con equidad y que a ningún solicitante se le pidió el carné de militancia. Para ello Zarrías hizo una exposición muy peculiar: dijo que la generalidad de esas ayudas llegaron a buen fin, se concedieron en torno a 6.000 y hay irregularidades en unas 200, de las cuales 100 son problema de carácter administrativo. De las otras 100 que no tenían derecho a las ayudas, no llegan a diez los militantes del PSOE, concluyó.

Anticorrupción pide a la Audiencia de Sevilla que ordene a Alaya la división del caso

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla para que ordene a la jueza Mercedes Alaya la división en más de 200 piezas del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares y ha vuelto a advertir de que el no hacerlo podría llevar a una instrucción sine die y a la prescripción de algunos de los hechos investigados.

La Fiscalía critica que la magistrada de Sevilla «obvia» el posicionamiento sobre la división de la causa, «no ya solo en razón de la materia sino también de los sujetos presuntos responsables, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Y es que «lo acordado por el alto tribunal de separar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las personas aforadas ante el mismo del resto de personas aforadas ante otro tribunal e imputados en la presente causa, junto con el contenido de los razonamientos jurídicos» expuestos, «permite que la magistrada proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la causa» en los términos interesados por la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones anteriores.

Insiste Anticorrupción que «la instrucción ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo [...] nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable». No obstante, matiza que «partiendo de este dato objetivo se trata de dar una solución práctica, eficiente y necesariamente conforme a derecho».

La Fiscalía también ha recurrido a la Audiencia de Sevilla para pedir la declaración como testigos-peritos de los miembros del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, prueba que rechazó la jueza.

Visto bueno del interventor

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías declaró ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía eran legales y siempre tuvieron el visto bueno del interventor general. Fuentes jurídicas precisaron que a Zarrías le preguntaron por informes de la Intervención de la Junta que alertaban de irregularidades en los ERE, a lo que él respondió que no conoció ninguno. Se trataba de informes de cumplimiento, que no deben ser elevados al consejero y menos al de Presidencia, porque señalan irregularidades pero no lo bastante graves.

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