Once presos se han beneficiado este año de esta polémica medida de gracia, que arranca de un privilegio secular otorgado a algunas cofradías
03 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Una decena de presos que cumplen condenas con sentencia firme en distintas prisiones -la mayoría por delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas- y una ciudadana venezolana condenada en España por el mismo delito, pero que cumple condena en su país, acaban de recobrar la libertad apadrinados por otras tantas cofradías de Semana Santa. Este año las afortunadas han sido dos de Granada -una de ellas de Baza-, dos Valencia -una de Burjasot- y las restantes de Sevilla, Huelva, Alicante, Zaragoza, Teruel, Salamanca, Málaga y Valladolid.
Este paquete de indultos del Gobierno Rajoy, aprobado el Consejo de Ministros del pasado viernes, que se materializó en once reales decretos publicados por el BOE tres días más tarde, contrasta con los 21 de 2014 y de 2013, y los 19 de 2012. Sus predecesores José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar habían dado 17 como máximo en cada uno de los años de sus respectivos mandatos.
«Las cofradías de penitentes lo solicitan para aquellos reos de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública», razonaba de forma escueta el Ejecutivo en la nota incluida en la referencia del Consejo de Ministros en el que se aprobaron.
Los indultos, independientemente de quien los promueva, no gozan de buena prensa en el ámbito judicial. «Tienen escaso fundamento en una sociedad democrática porque supone intromisión del poder ejecutivo sobre el judicial, que es el que tiene como misión declarar el Derecho y ejecutarlo», señala el veterano magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, uno los 200 firmantes de un documento hecho público tras el polémico indulto concedido en el año 2012 a cuatro agentes de la policía autonómica de Cataluña condenados por torturas.
Cuestión de motivación
«La posición nuestra -explica- es que el indulto tiene que estar motivado y el que sea Viernes Santo no es una motivación. Decir razones de justicia y equidad, tampoco . Hay que explicar las razones del por qué. Hay algunos que son inexplicables».
Sobre los que se conceden con motivo de la Semana Santa aclara que no existe un pronunciamiento específico. «La cuestión- explica- no es de quién es la iniciativa, sino la motivación, el por qué a esa persona concreta: arrepentimiento, naturaleza del delito, tiempo en prisión, etcétera. También debería ser válido el que lo pidieran otras instituciones religiosas, pero no hay precedente en tal sentido».
Los beneficiarios de los indultos promovidos por las hermandades de Semana Santa suelen presos condenados por delitos contra la salud pública, penados con la tarifa plana: tres años de cárcel como le llaman los presos a la condena habitual cuando no se trata de gran tráfico y no tienen antecedentes. En la mayoría de los casos la hora del ingreso en prisión le llega cuando ya se encuentran con una sentencia firme o ya están total o parcialmente rehabilitados. En este cosos un indulto, aunque sea parcial, evita el ingreso o la permanencia en prisión. El papel de las cofradías suele ser el de canalizar las gestiones ante el tribunal sentenciador y el fiscal, cuyos informes favorables son preceptivos pero no vinculantes.
Sin embargo, también se han colado perfiles diferentes y no habituales, como es el caso de dos indultados por robo con violencia, uno por atentado a la autoridad y otro, el mas polémico, por revelación de datos personales, solicitado en este caso por la «muy ilustre cofradía penitencial de nuestra señora de la Piedad de Valladolid», la misma que el año pasado solicitó y obtuvo el indulto para el director de una oficina bancaria que fue condenado por extraer cerca de 30.000 euros de la cuenta de un cliente imitando su firma.
Las redes sociales arden por este tipo de indultos justo cuando Ainhoa e Irene, dos mujeres de 28 y 24 años que en el 2008 gastaron 800 euros con una tarjeta robada, han visto ignorada su petición y deben ingresar en prisión después de que la Audiencia de Madrid haya ratificado sus condenas a dos años y cuatro meses por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.
Los indultados
Once redimidos
Las medidas de gracia concedidas esta vez por el Gobierno a petición de las cofradías de Semana Santa han sido muchas menos que otros años. No fueron atendidas todas las peticiones y de las once otorgadas, siete lo han sido por la totalidad de la pena pendiente de cumplir, y las cuatro restantes solo parciales, aunque todos salen en libertad.
La mayoría, tráfico de drogas
Como suele ser habitual, la mayoría de los delitos indultados fueron de tráfico de drogas a pequeña escala, condenados con penas de tres años y algunos meses, salvo dos que lo fueron a penas de ocho y seis años respectivamente.
El padre de un concejal del PP
De los once indultos concedidos este año, el más polémico es el otorgado a un funcionario de la Seguridad Social en Valladolid y padre de un concejal del PP, condenado por el Tribunal Supremo, como autor de un delito de revelación de datos de carácter personal, a la pena de tres años y seis meses de prisión. Según la sentencia, consultó 8.936 veces datos de trabajadores, empresas, vida laboral, prestaciones y certificados de situación de cotización, que posteriormente transmitió a terceros sin estar autorizado para ello, aunque no se ha acreditado que recibiese dinero a cambio, lo que le había valido la absolución en la Audiencia de Valladolid.
Una venezolana apadrinada por la cofradía de Baza
Lo habitual es que las cofradías pidan el indulto de presos de su provincia, pero la de Baza lo solicitó para una ciudadana venezolana que cumple en su país una condena de ocho años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional.