Alaya ordena detener a altos cargos andaluces en plena resaca electoral

La socialista Susana Díaz, que prepara la investidura, aparta a dos delegados de Empleo detenidos


Sevilla | Enviada especial

Durante la campaña reinó una relativa calma en los tribunales andaluces. Pero dos días después de las elecciones ha estallado la tormenta judicial, justo cuando se cuecen los contactos para la investidura de Susana Díaz como presidenta. Otra vez la jueza Mercedes Alaya. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer a 16 personas, diez de ellas altos cargos o ex altos cargos de la Junta, e imputó a otras cinco en el marco de una nueva operación por presunto fraude en cursos de formación financiados por el Ejecutivo andaluz. El Gobierno de Díaz, presidenta en funciones, destituyó a los delegados de Empleo de Huelva y Sevilla, que están entre los arrestados. Alaya cumplió su promesa de mantener una tregua durante la carrera electoral. Pero ese tiempo ha acabado.

Díaz argumentó que «un responsable público que es detenido tiene que ser destituido» porque lo primero es «la tranquilidad de los andaluces». El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, justificó la decisión asegurando que, aunque respeten la presunción de inocencia, «hay que actuar de manera implacable». La estrategia de Díaz es tratar de relegar al pasado las causas por corrupción que salpicaban al PSOE andaluz y vender un presente de «tolerancia cero con la corrupción». Lo hizo en campaña. Le conviene también para la investidura. Ciudadanos, el partido que tiene la llave, exige purgar a los imputados, incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en la causa de los ERE.

El PSOE andaluz, pese a recurrir al tópico del «respeto por la Justicia», interpreta que puede haber una mano negra. Al portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, le parece curioso que el lunes los populares pidan una comisión de investigación relacionada con los cursos de formación y el martes haya un rosario de detenidos. «Sorprendente», dijo.

El PP saca las uñas. Quiere «explicaciones», insta a Díaz a «abandonar la ley del silencio» y exige más ceses. La formación ya ha anunciado que votará en contra de la investidura de la líder socialista. La batalla es dialéctica. No hay nada que negociar.

Críticas de Podemos

Podemos no llega a aclarar si se abstendrá para facilitar la toma de poder de Díaz. Esta nueva oleada de arrestos e imputaciones no ayuda. «Más detenidos de la Junta en la operación por el fraude en los cursos de formación. Seguimos sumando vergüenzas», escribió su candidata, Teresa Rodríguez, en Twitter.

En Andalucía vuelve a debatirse sobre la judicialización de la política o la politización de la Justicia. ¿Era pertinente el paréntesis electoral Alaya? ¿Lo eran sus irrupciones antes de otras votaciones? Las decisiones de la jueza han explotado en otras cuatro campañas. A tres días de las municipales imputó al candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. A menos de una semana de las generales mencionó a Griñán en un auto de los ERE. En la campaña de las autonómicas andaluzas del 2012 detuvo a un ex alto cargo de Trabajo. Y con las europeas a la vuelta de la esquina ordenó el embargo de la exministra Magdalena Álvarez. Ahora no hay votos en juego, pero las últimas detenciones fuerzan a Díaz a mover ficha.

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