Temor a que Villarejo tire de la manta

melchor saiz-pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Interior se debate entre la duda de llevar el expediente hasta el final y el miedo a que el comisario revele información de asuntos sensibles

12 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Los daños colaterales del caso Ático en la policía se extienden como la pólvora. A las guerras por el poder en el cuerpo se suma el temor de los responsables del Ministerio del Interior y de la policía a que el comisario José Manuel Villarejo tire de la manta y airee asuntos sensibles para el Gobierno, los servicios secretos o incluso la Casa Real, si continúan los ataques contra él y si sus superiores siguen sin dar la cara por el veterano agente encubierto. Un policía, insisten los que lo conocen, que sigue indignado por el hecho de que se haya desvelado su identidad en la guerra política entre terceros para acabar con la carrera política del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Según responsables del Gobierno, de Interior y de las fuerzas de seguridad, la Dirección General de la Policía se debate entre la presión para que se sancione al comisario y el miedo de que cualquier castigo a Villarejo desencadene «una tormenta perfecta» en el cuerpo, en palabras de uno de sus responsables, a cuenta de nuevas grabaciones o filtraciones de datos comprometedores para policías, políticos e instituciones.

El máximo responsable de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha ordenado a su número dos, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, que abra una «información reservada» para determinar si Villarejo incurrió en irregularidades por grabar su entrevista con el presidente madrileño en noviembre del 2011 y ocultar después a sus superiores y al juez que instruye la causa sobre la supuesta investigación «ilegal» que existía esa cinta. En un principio, Interior se había negado en redondo a indagar sobre el encuentro de los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño, alegando que este caso ya estaba en manos del juzgado, que tiene que aclarar si fue una investigación irregular la del ático.

La decisión de abrir esta investigación, explican, ha sido aceptada a «regañadientes» por Pino, superior directo del comisario y el mando policial que hace un año lo premió con la más importante condecoración.

Chivatazo

La «información reservada», además, apuntaron fuentes del proceso, deberá determinar si fue Villarejo quien filtró la grabación y si cometió irregularidades por revelar al político del PP que estaba siendo investigado. Un «chivatazo en toda regla, como el del Faisán», apuntan desde Asuntos Internos.

Villarejo ya ha hecho saber al Gobierno y a Interior que no va a quedarse quieto viendo cómo le expedientan o pierde su puesto tras más de 20 años de «servicios especiales». El mensaje más claro lo mandó a través de Información Sensible, un periódico digital suyo, que avisó de que la supuesta campaña contra Villarejo era respuesta a la «denuncia» que había hecho el comisario sobre dos asuntos «muy espinosos»: «El dinero de los fondos reservados que un servicio de inteligencia ha perdido durante el camino para pagar el rescate de unos periodistas y, por otro, que una tal Corina quiera denunciar en el Reino de España las amenazas que un sujeto -al que llama el Troll- le ha hecho a ella y a sus hijos, salvo que vuelva a los brazos del señor», en aparente alusión al rey Juan Carlos y a la princesa alemana.

Más allá del Centro Nacional de Inteligencia y la Casa Real, Villarejo viene apuntando sin disimulo contra el comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, a quien, además de haber demandado, acusa de haber participado en investigaciones ilegales, amén de ser el mando que ha ordenado, sin pruebas, vincularlo con los casos del Pequeño Nicolás, Gao Ping o las supuestas irregularidades de un empresario indio. Las horas de Martín Blas, cuyo nombre saltó a las primeras páginas por la detención del Pequeño Nicolás, están contadas al frente de Asuntos Internos, según relatan fuentes de esta unidad. El entorno del comisario también vincula los ataques al propio CNI.