La vista oral tardará al menos un año y la presidirá una exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP

J. Á. F. REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

06 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El voluminoso -298 folios- auto de apertura de juicio oral dictado ayer por el juez Pablo Ruz en vísperas de su mudanza a su Juzgado de Instrucción en Móstoles, en la práctica tiene mucho de entelequia, porque ni ha sido, en realidad, un procedimiento abreviado en el sentido literal de la palabra -se inició hace seis años y el auto solo afecta a la primera parte del mismo- ni el juicio oral contra los 40 acusados se va a celebrar en cuestión de días, ni de semanas ni siquiera de meses. Las previsiones más realistas apuntan a que será señalado, como muy pronto para dentro de un año, y más probablemente para después del verano del 2016. La fijación de la fecha y del calendario será competencia de los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal a la que le tocó la causa por reparto, que está presidida por Concepción Espejel, una magistrada que fue vocal del anterior Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP.

Lo que se da absolutamente por descartado es que este juicio se celebre antes o durante las próximas elecciones generales.

La hoja de ruta

A partir de ahora, las partes disponen de un plazo de 30 días hábiles para formular sus respectivos escritos de defensa. Ahora ya no será necesario hacer copias de todas las actuaciones recogidas en el sumario porque están accesibles a través de una plataforma digital. Antes, los acusados dispondrán de diez días para depositar las fianzas que les han sido fijadas. El auto de apertura será recurrible ante la sala de lo Penal en reforma en el plazo de tres días y, si se decantan por el de apelación, ese plazo se prolonga a cinco. Con los escritos de defensa, las partes podrán solicitar la práctica de las pruebas que consideren oportunas y, una vez que lo hagan, el tribunal se tomará su tiempo para resolver sobre las que estima o no pertinentes.

Una vez que concluyan todos esos trámites, para los que hay plazos, pero que en ningún caso son rígidos, la sala tendrá que echar mano del calendario para ver qué fechas tiene disponibles en la agenda. Eso sí, solo de lunes a jueves, para no paralizar el trabajo ordinario de la misma ni el de los bufetes de las defensas.

Con esta hoja de ruta, un proceso que se incoó en el año 2009 sobre unos hechos acaecidos entre 1999 y 2005 tardará casi una década en tener sentencia firme del Tribunal Supremo.