Segunda rectificación parcial de un «tasazo» con claro afán recaudatorio

Dentro del real decreto ley de medidas de orden social se incluyó la supresión de las tasas, pero solo para las personas físicas


redacción / la voz

Dos años después de su implantación y tras haber recaudado unos 512 millones de euros -100 de ellos a particulares y el resto a empresas-, el Gobierno aprobó ayer una segunda rectificación parcial del tasazo judicial, auspiciado por el anterior titular de la cartera de Justicia y, dado el momento, optó por hacerlo por la vía rápida. Dentro del real decreto ley de medidas de orden social se incluyó la supresión de las tasas, pero solo para las personas físicas.

La revisión de la polémica ley de tasas con la que Gallardón consiguió concitar un rechazo unánime sin precedentes de todos los operadores jurídicos fue anunciada por el actual ministro en su primera comparecencia ante el Congreso, a los pocos días de su toma de posesión hace ya cinco meses. La mayoría de los afectados directa o indirectamente por las tasas - abogados jueces, fiscales, asociaciones judiciales- le pidieron que la derogase, pero no se dio por aludido. Lo que vea la luz en el BOE se parecerá más a lo aprobado con Gallardón, que ya suavizó la norma a los tres meses de su entrada en vigor, rebajando las cuantías y ampliando los colectivos exentos del pago, que a la que estaba en vigor desde el año 2003, cuando el ministro era José María Michavila, y Rafael Catalá, director general de Justicia.

La ley Michavila, cuya paternidad se adjudica a Catalá y de la que él no reniega, solo exigía el pago de tasas a las personas jurídicas con un impuesto de sociedades superior a una determinada cuantía, que estaba pensada como efecto disuasorio de recursos que solo buscaban dilatar en el tiempo la ejecución de las sentencias que no les eran favorables.

Con la ley Gallardón, las tasas que antes solo se exigían para la presentación de los recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa se hizo extensible a todas las jurisdicciones menos la penal. Esta ley estableció una tasas fijas que son exigibles como requisito previo al inicio del pleito y que van de los 100 a los 1.200 euros y unas variables que se fijaron en el 0,1 % de lo reclamado, hasta un máximo de 2.000 euros. Una apelación en la vía civil o contencioso-administrativa puede costar hasta 1.200 euros. Los recursos de súplica y casación ante el Supremo que antes eran gratuitos, en la actualidad han de pagar una tasa de 500 y 750 euros respectivamente. Con la reforma solo se libran de estas tasas los particulares. Para un fontanero o un taxista, por ejemplo, siguen vigentes en procedimientos superiores a los 2.000 euros. De ahí hacia abajo ya estaban exentos.

Las otras reformas

El Consejo de Ministros también aprobó ayer tres proyectos de ley en materia de Justicia para su entrada en vigor antes de otoño. El más destacado es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Las principales novedades atienden a una serie de medidas destinadas a la reducción del tiempo de respuesta de los órganos judiciales. Entre ellas, la competencia de las salas de gobierno de los tribunales territoriales para repartir los asuntos entre los juzgados según la carga de trabajo. Se aplicará en todas los órdenes menos en el penal.

Asimismo, se ampliará la especialización de los juzgados para asuntos específicos -despidos, preferentes o cláusulas abusivas- y se reforzará la valoración forense en casos de violencia machista.

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