El Gobierno las elimina para las personas físicas, pero las mantiene a las pymes
28 feb 2015 . Actualizado a las 11:14 h.Primero fue la retirada de la modificación de la ley del aborto, ahora la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas. Las dos reformas estrella de Alberto Ruiz-Gallardón han sido laminadas por Mariano Rajoy, mientras otras muy ambiciosas han quedado difuminadas, borrando así el rastro más visible de su paso por el ministerio de Justicia. El Gobierno consumó ayer esta espectacular rectificación de una de sus medidas más impopulares y contestadas, que había puesto en pie de guerra a los profesionales y los usuarios de la Justicia.
Da marcha atrás en pleno año electoral dentro del paquete anunciado por el presidente en el debate sobre el estado de la nación, en el que se incluyen le ley de segunda oportunidad, la rebaja de cotizaciones para la contratación indefinida, la ayuda para la conciliación laboral y personal ?de los autónomos y la ampliación de los cheques familiares.
Garantizar la tutela judicial
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer que la «mejora de la capacidad recaudatoria del Estado» permite atender ahora una «reivindicación muy extendida» en todos los ámbitos de la Justicia. Aseguró, además, que los datos no acreditan que las tasas hayan tenido un «impacto directo» en la reducción de la litigiosidad. Precisamente ese era uno de los objetivos que pretendía la ley.
Pero en una nota informativa, el Ministerio de Justicia aseguraba que el objetivo de la supresión de las tasas es que «ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos», lo que supone una admisión implícita de que su imposición dificultaba el acceso a los tribunales. Añadía que el departamento ministerial «continúa trabajando para que esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva». La vulneración de este derecho reconocido por la Constitución es el principal argumento de los recursos que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver.
A partir del lunes, las personas físicas ya no tendrán que pagar ninguna tasa judicial, ya que la medida se llevará a cabo de forma inmediata dentro del real decreto de mediadas urgentes. Solo afectará a los particulares en todos los órdenes e instancias, pero se mantendrá para personas jurídicas, pese a que su eliminación para los autónomos y pymes era otra de las reivindicaciones de los profesionales de la justicia y de los afectados. Antes de la entrada en vigor de la ley de Gallardón, las pequeñas y medianas empresas estaban exentas de este pago. El ministro señaló que autónomos y pymes no pagan tasas en los litigios de cuantía inferior a los 2.000 euros, que son la mayoría.
Tras la aprobación de la ley en noviembre del 2012, Mariano Rajoy respaldó la decisión «sensata» de Gallardón y dijo que las tasas eran «razonables» y «equilibradas» con respecto a las existentes en otros países de la Unión Europea. Asimismo, aseguró que se destinarían a financiar la justicia gratuita para las personas que carecieran de medios.
Sin embargo, el ministerio de Justicia señalaba hace poco en una respuesta parlamentaria que desconocía el destino de los más de 512 millones recaudados hasta julio del 2014, porque es un gravamen que no está asignado a un fin concreto. Catalá señaló ayer que son recaudadas por la Agencia Tributaria y «se destinan a la caja común, a la financiación de los servicios públicos».
A pesar de que el ministro justificó la eliminación de las tasas por el aumento de la capacidad recaudatoria del Estado, afirmó posteriormente que su objetivo último no es recaudatorio, ya que solo suponen 300 millones de euros al año. Hasta el 5 de noviembre del 2014, el Ejecutivo recaudó 125,9 millones de euros por las tasas de los particulares. En ese período ingresó 564,4 millones entre personas físicas y jurídicas
Nada más tomar posesión el pasado mes de septiembre, Catalá anunció una revisión de una ley que se aprobó en un tramite de urgencia y solo con los votos del PP, y que fue criticada de forma unánime por jueces, fiscales, abogados, usuarios y partidos políticos. Incluso la defensora del pueblo pidió que se suavizase, lo que forzó a que Gallardón rebajara solo tres meses después algunas cuantías y ampliara los colectivos exentos. Las tasas ahora abolidas gravaban entre 50 y 750 euros los recursos den las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativo.