Catalá no reconoce que haya limitado el acceso a la Justicia y justifica la retirada por ser «una reivindicación muy extendida»
27 feb 2015 . Actualizado a las 17:00 h.El Gobierno ha rectificado y ha aprobado hoy la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, si bien no ha reconocido que hayan limitado el acceso a la Justicia de los ciudadanos puesto que no se ha acreditado una reducción en la litigiosidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que la eliminación responde a una «reivindicación muy extendida» de la totalidad de los profesionales del sector, que pedían su retirada para las personas físicas pero también para las pymes.
El Ejecutivo ha aprobado la eliminación de las tasas para las personas físicas junto a otros tres proyectos de ley en el ámbito de Justicia: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y la regulación del estatuto del miembro nacional de Eurojust.
Catalá ha confiado en que los tres proyectos de ley puedan ser aprobados en el tiempo que queda de legislatura, si bien la supresión de las tasas se ha abordado mediante un decreto ley, ha dicho, para «no dilatar así su entrada en vigor».
No obstante, no se han modificado las cuantías para las pymes al considerar que, al tratarse de empresas pequeñas, la mayoría de los litigios serán de una cuantía inferior a los 2.000 euros, que es la cantidad hasta la cual las pymes están exentas de tasa, ha asegurado el ministro. En el caso de mayores cuantías, el gasto puede ser minorado en su impuesto de sociedades, ha añadido.
Tampoco ha precisado el destino de los más de 512 millones de euros recaudados con las tasas judiciales, después de que en una respuesta parlamentaria de su ministerio se señalara que se desconocía, cuando el Gobierno se había comprometido a dedicarlas a la financiación de la Justicia Gratuita.
«Claro que sabemos adónde van las tasas porque las recauda la Agencia Tributaria. Se destinan a la caja común, a la financiación de los servicios públicos», ha señalado Catalá sin dar mas detalles, aunque ha rechazado que el fin último de las tasas sea recaudatorio.
Sobre si la retirada de las tasas significa que el Gobierno reconoce que limitaban el acceso a la Justicia a los ciudadanos, Catalá ha asegurado que desde la aprobación de las tasas en 2012 el Gobierno no ha detectado que hayan tenido un impacto directo en la reducción de la litigiosidad.
«No está acreditado», ha aseverado el ministro, que se ha mostrado partidario de que las tasas existan.
En cuanto al resto de normas, ha destacado la aprobación de la reforma del Poder Judicial encaminada a reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales con «una mayor profesionalización» de los jueces y un «mejor reparto» de las cargas de trabajo entre los juzgados.
Además, se plantean medidas para especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. También se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados tanto limítrofes como de una misma región.
Esta reforma extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien.
La reforma contempla también medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena.
El proyecto contempla que los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y que los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.
En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, persigue un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites con la Administración de Justicia, de tal forma que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática a partir del 1 de enero de 2016.
También, introduce mejoras en la regulación del juicio verbal y en los procesos monitorios, con la posibilidad de que juez pueda verificar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos. EFE