Los peritos ratifican el informe en el que se basó Alaya para acusar a Chaves y Griñán

Descalifican el contrainforme que justifica la legalidad del sistema de ayudas


sevilla / colpisa

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ratificaron ayer ante la jueza Mercedes Alaya el informe sobre las irregularidades en el sistema usado para pagar las ayudas a empresas en crisis, y en el que la instructora se basó para acusar a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Fuentes judiciales explicaron que, según defendieron ante la magistrada, el sistema para abonar dichas ayudas era «fraudulento en el sentido de engañoso y falaz».

Las preguntas de la jueza fueron encaminadas a que los peritos desmontasen el contrainforme presentado ante el Tribunal Supremo por el expresidente José Antonio Griñán, y elaborado por catedráticos de derecho tributario y financiero «de parte y por tanto con sesgo». El exconsejero andaluz de Hacienda recurrió a varios catedráticos para justificar la legalidad de las ayudas. Ese texto limita cualquier responsabilidad a la Consejería de Empleo en el momento en que se concedieron unas ayudas que escaparon de cualquier control fiscalizador previo.

En el informe ratificado ayer, los peritos reprochan que Griñán y quienes le antecedieron y sucedieron al frente de Hacienda, «no adoptaran las medidas necesarias para evitar las irregularidades». Según explicaron ayer a la jueza, tanto los responsables de la Consejería de Empleo como los de Hacienda y Economía serían responsables de la implantación de un sistema irregular para dar las ayudas sociolaborales «porque todos eran parte precisa y necesaria» para que este uso fraudulento se produjera.

Una figura inadecuada

A juicio de los peritos, el uso de transferencias de financiación para que una entidad pública abonara las ayudas «no se ajusta a la legalidad», pese a que el contrainforme de Griñán defendiese que esta figura se podía utilizar con otros fines. «Es inadecuado e improcedente de acuerdo a los términos que dice la ley», apostillaron, recordando además la falta de competencias de una administración regional para conceder este tipo de ayudas sociolaborales.

Los expertos de la Intervención señalaron los tres problemas que presenta este sistema de concesión de ayudas: presupuestarios, de gestión de los créditos por la Consejería de Empleo, y de «control» de la concesión de las subvenciones.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
1 votos

Los peritos ratifican el informe en el que se basó Alaya para acusar a Chaves y Griñán