El gobierno de los jueces investiga los pagos de una empresa a personal judicial

Cobraron por colaborar en la renovación tecnológica de los juzgados madrileños

la voz

El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) decidió investigar los pagos que la Comunidad de Madrid ha entregado, a través de la empresa Indra, a jueces, secretarios y funcionarios judiciales. Hoy será interrogado por este tema el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, que es uno de los que cobró por colaborar con Indra en la renovación tecnológica de la Administración de Justicia madrileña.

La investigación avanzará en dos vertientes, ambas relacionadas con los citados pagos. Por un lado, la que encabeza el promotor de la acción disciplinaria, el magistrado Antonio Jesús Fonseca, en el seno de la cual se producirá la comparecencia de hoy. Por otro, la comisión permanente, el órgano ejecutivo del CGPJ, solicitó información a su servicio de inspección.

Fonseca quiere averiguar si el presidente del TSJM y otros jueces y magistrados de esta comunidad incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en el 2010.

Según Francisco Vieira, la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la Administración de Justicia para el desarrollo de esta herramienta y él entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del Consejo.

Aclarar los hechos

Por otro lado, la Permanente se reunió en la mañana de ayer, tras salir el tema a la luz en el diario El País, para analizar la situación y acordó, por unanimidad, dirigirse al servicio de Inspección del CGPJ para que recabe la información necesaria a fin de aclarar los hechos.

El citado diario asegura que el Gobierno regional mantiene desde el 2011 un pacto con la empresa Indra para estos pagos a jueces y secretarios judiciales como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados por los que habría desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas.

Según el presidente del TSJM, se formaron unos equipos de trabajo fuera del horario laboral y su colaboración «ha sido esencial para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración». Aclara que «todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes».

El PSOE ha reclamado explicaciones al Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, y UPyD acusa al Gobierno de Madrid de buscar «impunidad».

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