Agredir a sanitarios y docentes podrá ser castigado con penas de cuatro años de cárcel

Así lo recoge una enmienda del PP en el Senado a la reforma del Código Penal


redacción / la voz

El grupo del Partido Popular en el Senado presentó varias enmiendas al proyecto de ley de reforma del Código Penal. Alguna -la más polémica- fue retirada a última hora, pero mantiene otras como la que plantea que se amplíen los supuestos del delito de atentado contra la autoridad y se castiguen como tal, con hasta cuatro años de cárcel, los actos de agresión, intimidación grave o violencia cometidos «contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de la funciones propias de su cargo».

El tema no es nuevo. La Comunidad de Madrid abrió el camino hace cuatro años y medio aprobando en la Asamblea regional una ley que otorgaba a los profesores el marchamo de autoridad. Varias regiones siguieron el ejemplo del Gobierno de Madrid, al igual que fiscales y abogados en numerosos procesos.

La libertad vigilada

De las enmiendas presentadas por los senadores populares, la más polémica y sorprendente era la que incluía la renuncia a imponer la medida de libertad vigilada a los autores de asesinatos agravados y a los maltratadores una vez que cumplan sus penas y abandonen la cárcel. Esta enmienda chocaba con el compromiso adquirido por el Gobierno en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer, diseñada por el Ministerio de Sanidad. También se contradecía con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito a esta institución. A última hora de ayer la retiraron alegando que había sido registrada por error. «No está en la voluntad del Grupo Parlamentario Popular prescindir de la medida de libertad vigilada para esos delitos, por lo que esas enmiendas serán retiradas inmediatamente», dice un comunicado emitido a las nueve de la noche de ayer por su gabinete de prensa.

Otra enmiendas planteadas por el Grupo Popular del Senado y que fueron retiradas proponen incrementar la pena a los reclusos que participen en motines carcelarios hasta los cuatro años y elevar la penas de prisión de tres a cuatro años para la falsificación de medicamentos e incorporan una referencia al «riesgo para la vida o la salud de las personas», para adecuar la legislación a la propuesta del Consejo de Europa.

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