Usaron dinero de la red Gürtel para las campañas electorales del 2007 y el 2008
14 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Golpe judicial al PP de la Comunidad Valenciana, una de las más potentes organizaciones de la formación conservadora. La cúpula dirigente durante la etapa de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión y multa por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad documental.
Se trata de tres de las seis piezas del caso Gürtel que investiga la Justicia valenciana, referidas a la financiación del PP de esa comunidad por parte de empresas de la red corrupta. Afectan a pagos en negro de las campañas electorales del 2007 y el 2008. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción fue remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano por tratarse de un procedimiento con aforados cuando comenzó a investigarse. Va dirigido contra los exdirigentes populares y exdiputados en las Cortes Vicente Rambla y Ricardo Costa, el que fuera número dos del partido, David Serra, y la administradora de la candidatura del PP en las autonómicas y municipales del 2007, además de gerente regional, Cristina Ibáñez.
Se reclama una pena menor para la exgerente del partido Yolanda García, seis meses de prisión como «cómplice» del delito electoral supuestamente cometido en las generales del 2008, cuando se pagaron actos de campaña con dinero supuestamente ilícito. «El PP ganó las elecciones dopado y el resultado final es que los ciudadanos están pagando el precio de la corrupción, un cáncer ético y económico», resumió en su momento el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig.
Anticorrupción dirige su actuación contra 14 personas más. Se trata de nueve empresarios y cinco integrantes del grupo empresarial de Francisco Correa. Para Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la mercantil Orange Market, el fiscal reclama 27 años de prisión; para Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el contable Cándido Herrero, 22 años; y 15 para el asesor José Ramón Blanco.
En cuanto a los empresarios que pagaron gastos del PP valenciano, 1,24 millones, la Fiscalía pidió cinco años para Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez y posteriormente CHM); y seis años para Enrique Gimeno (Facsa); los responsables de Dols y Piaf, Alejandro y Antonio Pons; y Gabriel Alberto Batalla, administrador del Grupo Lubasa. Asimismo, reclama cuatro años al constructor Enrique Tomás Ortiz, José Francisco Beviá y Vicente Cotino. Este dirige Sedesa y es sobrino del expresidente de las Cortes Juan Cotino, imputado en otra pieza del caso Gürtel.
Objetivo: los políticos
El fiscal considera que la expansión del grupo Correa en Valencia entre el 2003 y el 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes».
Afirma que «una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente como Orange Market o Special Events», que supuestamente facilitó facturas falsas por trabajos ficticios o inflados realizados por las empresas investigadas, cuyos fondos iban a una caja B para pagar los actos electorales.
Un informe policial explicaba las dos modalidades contables, la caja oficial y la B. «Parte de los costes de los actos electorales se factura a la formación y se cobra con fondos que circulan por el sistema financiero, y otra parte no se factura y se recibe de la formación en forma de fondos ajenos al circuito económico que engrosan la caja B de la organización», según las documentos intervenidos a los cabecillas de la red. El escrito de Anticorrupción llega casi cuatro años después de que el caso Gürtel recalara en Valencia para investigar si los populares de esa comunidad se financiaron irregularmente.