El Supremo abre causa a Imbroda por una presunta prevaricación al contratar un abogado
ESPAÑA
En el el auto notificado este jueves el alto tribunal decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, nombrar como instructor de la causa al magistrado Francisco Montenerde
13 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Juan José Imbroda, presidente de Melilla y senador del Partido Popular desde el 2000, se enfrenta a entre siete y diez años de inhabilitación después de que el Tribunal Supremo le abriese ayer una causa por un delito de prevaricación por la contratación a dedo de un abogado para su asesoría jurídica.
La Sala Segunda o de lo Penal considera que, en virtud del informe favorable de la Fiscalía del alto tribunal, los hechos investigados revisten carácter delictivo y nombró al magistrado Francisco Monterde instructor del procedimiento penal. Lo más inmediato será la citación de Imbroda para declarar en calidad de imputado.
El tribunal compuesto por cinco magistrados, y presidido por Manuel Marchena, recoge la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla sobre Juan José Imbroda, al tratarse de un aforado nacional por su condición de senador. El escrito detalla la responsabilidad del presidente autonómico en la contratación del abogado melillense Juan José Olivares «como letrado externo para la dirección técnica de diversos procedimientos judiciales derivados de los despidos y bajas incentivadas en la Cooperativa de Trabajo» de Melilla.
Imbroda firmó un poder notarial en abril del 2001 para darle el trabajo a Olivares, una prueba concluyente sobre la conexión material «inescindible» entre ambos acusados. Por esta asesoría, el letrado recibió 357.000 euros del Gobierno local y se hizo sin las normas y procedimientos de contratación administrativa exigibles, como el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
La Fiscalía, en su informe favorable a la admisión, de octubre pasado, aseguró que «existen bastantes indicios» de la comisión de un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal). No obstante, el ministerio público no apreció los indicios de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, penados también con inhabilitación, que sí apreció el juez de Melilla en su exposición razonada enviada al Supremo.
El delito de prevaricación se refiere a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
«No hubo engaño»
Poco después de conocerse su encausamiento, Imbroda afirmó que está «deseando» acudir al Supremo para aclarar los hechos. «Acabo de leer que me han abierto un proceso por un problema de prevaricación, creo. Me pongo a la disposición del Supremo para ir cuanto antes y que me pregunten», dijo durante una visita oficial a Ceuta.
Imbroda afirmó que se trata de una contratación del 2000, poco después de llegar él al cargo, señaló que la factura fue pagada en el 2006 con una rebaja del 50 % sobre el precio de la minuta e insistió en que «se contrató un abogado lo mismo que se contratan decenas de abogados». Asimismo, añadió que está «totalmente convencido» de que no cometió ninguna irregularidad, pese a que la Fiscalía opina lo contrario.
El caso comenzó tras una denuncia de una asociación de letrados en el 2001, cuando el Gobierno autónomo contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas a raíz del despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal. «No hay mala fe, no hay dolo ni intención de engañar», replicó Imbroda, para añadir que está deseando ir al Supremo.