Operación en Andalucía para detener a 90 partícipes en el fraude de formación
ESPAÑA
Entre los detenidos hay políticos y responsables de 52 empresas investigadas
11 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los escándalos de corrupción vuelven a impregnar la vida política en Andalucía a poco más de un mes para las elecciones autonómicas. La Policía Nacional despegó ayer la tercera fase de la operación Edu, el supuesto fraude en los cursos de formación, y tiene previsto realizar 90 imputaciones de empresarios y políticos que supuestamente se beneficiaron de estas ayudas sin justificar.
Fuentes policiales explicaron que en esta nueva intervención incluida en la operación Edu, que el pasado año se saldó ya con 51 imputados -entre ellos los exconsejeros autonómicos Ángel Ojeda y Antonio Fernández se centra en Málaga, Cádiz y Almería. No obstante, puede que se prolongue varios días y según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, «lamentablemente podría extenderse a otras provincias andaluzas».
En total, en esta fase se han producido 17 arrestos y hay otras 73 diligencias contra personas que han sido citadas a declarar directamente por la policía, muchos de ellos empresarios de alguna de las 52 sociedades o empresas que están siendo investigadas tras la toma de declaración de miles de alumnos y profesores que supuestamente recibieron los cursos.
Entre los citados a declarar por falsedad y fraude en la concesión de ayudas están la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, la socialista Pilar Sánchez. Está, condenada ya a dos años de cárcel por el desvío de fondos del plan E para pagar nóminas del ayuntamiento. Ayer detalló que en calidad de alcaldesa ostentó la presidencia de la empresa mixta Mercajerez, una de las investigadas, pero que las competencias ejecutivas correspondían al gerente. Otro de los implicados es un teniente de alcalde del PP en Rincón de la Victoria (Málaga), y dos ediles socialistas en Arcos de la Frontera (Cádiz) y Roquetas de Mar (Almería). Este último, Juan Fernando Ortega Paniagua, ejerce de administrador en una de las sociedades investigadas y presentó su baja de militancia en el PSOE y su renuncia como concejal.
Irregularidades
Las fuentes policiales explicaron que esta tercera fase de la operación, bautizada como Edu-Costa, se centra en los responsables de las empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas y que, entre otras irregularidades, incumplieron los compromisos de contratación de los alumnos, falsearon los listados de asistentes, obligaban a los profesores a entregarles gran parte del sueldo recibido o incluso no llegaron a realizar las actividades tras lograr el dinero público. En muchos casos ni siquiera reunían los requisitos para optar a las ayudas y no se descarta que tuvieran colaboración de funcionarios de la administración.
Las 52 entidades que están ahora en el punto de mira recibieron ayudas desde el 2009 por un importe cercano a los cinco millones de euros, según conocedores de la investigación. La Junta de Andalucía, que inició en el 2013 una revisión de oficio, cifró en 20,8 millones de euros el importe de las 669 ayudas recibidas y que no habían sido justificadas debidamente, un 10 % de los expedientes que se han analizado hasta ahora. Quedan pendientes otros 2.000 por revisar.
17 arrestos
Empresarios
Además, la Policía abrió diligencias contra 73 personas
52 entidades
Investigación
Basada en datos de miles de alumnos y profesores
5 Mill. ?
Estimación
Valor de las ayudas otorgadas por la Junta desde el 2009
La jueza Alaya imputa a otras 34 personas por el caso de los ERE
La jueza Alaya dictó ayer un nuevo auto por el caso de los ERE fraudulentos en el que imputó a 34 personas vinculadas con las ayudas directas a empresas en crisis recibidas en la Sierra Norte de Sevilla. Esta zona, de donde procedían el exconsejero Juan Antonio Viera y el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, principal implicado en el caso, fue la principal beneficiada de estas ayudas, con 34 millones de euros.
En el auto, la jueza amplía las imputaciones contra los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Martín Soler así como otros exaltos cargos públicos, y señala a empresarios y cargos beneficiados por unas subvenciones con «ausencia de procedimiento, de solicitud y de documentación justificativa» y que tenían alguna afinidad con los dirigentes socialistas y de la Junta. Todas ellas han sido citadas a declarar a partir del 23 de marzo, el día después de las elecciones andaluzas.
En este mes deberán prestar declaración los peritos generales de la Intervención del Estado, cuyo informe sustenta las acusaciones contra la cúpula de la Junta de Andalucía.