El Supremo decidirá qué juez deberá investigar la muerte de 15 subsaharianos en el Tarajal

La inhibición de una jueza de Ceuta en favor de la Audiencia Nacional fue rechazada ayer, un año después de la tragedia


redacción / la voz

La decisión del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional de rechazar la competencia para investigar las circunstancias de la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en la playa ceutí de El Tarajal hace un año está a punto de generar un conflicto de competencias que tendrá que resolver el Tribunal Supremo. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta decidirá en cuestión de días si lo plantea, a la vista del auto del pasado 29 de enero hecho público ayer por el magistrado Andreu en el que rechaza la inhibición planteada por la jueza ceutí alegando que las muertes habían ocurrido en territorio marroquí, por tanto, fuera de su jurisdicción.

El juez de la Audiencia Nacional justifica su negativa a asumir la causa en que no ha quedado acreditado que las muertes se produjeran fuera del territorio nacional. Sostiene además que los hechos que se investigan giran en torno a la actuación de los agentes de la Guardia Civil que intentaron evitar la entrada en España de los inmigrantes y de si el material antidisturbios que dispararon en dirección al agua influyó en el ahogamiento de las víctimas.

Un proceso en punto muerto

Mientras los tribunales dirimen quién instruye la investigación, varias oenegés que se concentraron ayer en Madrid ante el Templo de Debod, en el primer aniversario de la tragedia, denunciaron la parálisis que atenaza un proceso que está en punto muerto. Las organizaciones Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Caminando Fronteras, Coordinadora de Barrios, Red Acoge y SOS Racismo que participaron en la concentración criticaron que «un año después de este tráfico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada».

También denunciaron que «la jueza encargada del caso se apoya para su investigación en el mismo cuerpo policial, la Guardia Civil, que está siendo investigado y que dirigió la operación con resultados fatales el año pasado». «Hasta la fecha, la investigación no ha sido exhaustiva, rápida ni imparcial», censuraron los portavoces de los participantes en el acto.

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