El juez que redactó una constitución catalana, al borde de la expulsión de la carrera judicial

El instructor del expediente considera que cometió dos faltas muy graves


Redacción / La Voz

Santiago Vidal Marsal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, tiene los días contados como miembro de la carrera judicial, en la que entró hace 16 años, tras haber trabajado once como abogado laboralista. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial propuso ayer su expulsión de la judicatura al concluir el expediente que le fue abierto por haber participado en la redacción de uno de los tres textos constitucionales para una hipotética Cataluña independiente.

El instructor del expediente le considera autor responsable de dos faltas muy graves previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial: «El ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado» y la «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales». Las conclusiones del instructor coinciden en todos sus términos con las del informe del fiscal emitidas recientemente.

 

Cuatro meses de instrucción

Tras casi cuatro meses de instrucción -el expediente fue incoado el pasado 9 de octubre-, el promotor del mismo considera probado que Vidal Marsal «ha participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea, que según ha puesto de manifiesto, también públicamente, tenía por objeto elaborar y redactar una constitución catalana con la finalidad, expresamente admitida, de ponerla a disposición, o de que sirviera de modelo, de quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado derecho a decidir y la independencia de Cataluña, y todo ello con independencia de que esa consulta pudiera o no celebrarse finalmente».

El promotor cree que la actuación del magistrado Vidal no puede quedar amparada por el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y considera que se ha involucrado «de forma consciente y notoria» en un proceso de tipo político en el que ha auspiciado «conductas antijurídicas, como la desobediencia civil».

El escrito ha sido notificado al magistrado Santiago Vidal, que tiene un plazo de ocho días para formular alegaciones. Transcurrido ese tiempo, las actuaciones serán elevadas al pleno del Consejo General del Poder Judicial, que resolverá sobre la propuesta de sanción. Previsiblemente lo hará antes de finalizar el mes.

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