Se niega a tener que pedir que le dejen concluir las piezas de la causa que todavía faltan por cerrar
01 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Casi cinco años después de su segundo aterrizaje en la Audiencia Nacional para asumir provisionalmente la plaza del defenestrado Garzón, el juez Pablo Ruz prepara, con discreción pero sin titubeos, el repliegue a su juzgado base, el cuatro de Móstoles.
En diciembre concluyó la última comisión de servicios que el órgano de gobierno de los jueces podía haber renovado por otros seis meses para que el joven magistrado madrileño, con una fama de trabajador que nadie le discute, tuviese tiempo a dejar cerrada la instrucción del mediático y voluminoso sumario del caso Gürtel, ya desglosado por él varias en piezas separadas.
Para sorpresa de casi todos, Carlos Lesmes y la mayoría de los vocales del Consejo del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP, optaron por convocar un macro concurso de traslados -el mayor de la historia de la judicatura en España- en el que incluyeron la plaza que Ruz venía ocupando en precario desde junio del 2010. No solo eso, también buscaron un candidato de confianza para sustituirle: Carlos Valle Muñoz Torrero, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que recientemente fue noticia por haber investigado la huida de Esperanza Aguirre y concluir que no cometió ningún delito. Este magistrado ya se hizo famoso al comienzo de su carrera profesional por haber ordenado en 1986 la detención de 39 trabajadoras de dos centros de planificación familiar, acusadas de participar en delitos de aborto y, años más tarde, por haber fallado a favor de los dos militantes del PP que agredieron al entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación.
Más comisión de servicios
La vacante se volverá a cubrir en comisión del servicios, ya que se mantiene como titular Miguel Carmona, quien tenía que reincorporase a la misma el pasado verano, una vez concluido su mandato como vocal del CGPJ, pero Gallardón le puso puente de plata para irse de magistrado de enlace de España ante el Reino Unido.
La comisión de servicios que deja vacante Ruz ha sido solicitada por al menos 18 aspirantes, entre ellos un mediático magistrado gallego que lo intentaba por segunda vez, pero no por Carlos Valle, no se sabe si por decisión propia o a petición de los que se lo propusieron. Ya está adjudicada, al menos provisionalmente, al magistrado José de la Mata, el aspirante de más antigüedad en la jurisdicción penal.
De la Mata no es el candidato preferido por el PP para el puesto. Fue director general del Ministerio de Justicia del 2009 al 2011 con Francisco Caamaño, pero al menos no acelerará el proceso de la Gürtel, ya que, según fuentes judiciales, necesitará un mínimo de un año para ponerse al día.
Para restar argumentos a los mal pensados, en la convocatoria del concurso Carlos Lesmes se cubrió las espaldas y dejó explícitamente abierta la posibilidad de que aquellos jueces que estén instruyendo procesos especialmente complejos, como es este y el de los ERE andaluces, podrán seguir hasta concluirlos, «siempre que ellos así lo pidan».
Pero no será el caso. Distintas fuentes consultadas, tanto del entorno personal como del profesional del magistrado Pablo Ruz dan por hecho que este volverá a Móstoles una vez que se incorpore De la Mata o quien sea.
Otra apuesta fallida del PP
Pablo Ruz, que llegó por primera vez a la Audiencia Nacional en el año 2008 para sustituir a Juan del Olmo, el instructor del 11-M y que llegó de rebote porque a última hora renunciaron otras candidatas a las que le tocaba antes por escalafón, fue repescado dos años más tarde para ocupar el puesto de Garzón, lo que fue visto con buenos ojos por la derecha política y la judicial, porque su perfil era la antítesis del primer instructor de la Gürtel. Es un profesional tímido, discreto y minucioso que huye del protagonismo mediático.
Para el PP ganó muchos puntos con el vuelco que le dio al caso Faisán, heredado de Garzón, pero los empezó a perder cuando ordenó un registro judicial en la sede central del partido y llamó a declarar como imputado el ex secretario general Ángel Acebes. La guinda fue la inclusión de la ministra Ana Mato como beneficiaria del caso Gürtel. A las dos semanas su plaza salía a concurso.