Catedráticos de 33 universidades se rebelan contra el Código Penal recién aprobado

Advierten que lo más grave de esta iniciativa legislativa es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad


redacción / la voz

La reforma del Código Penal aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, con el único apoyo del Grupo Popular, supone un despropósito de graves consecuencias, a juicio de 63 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas, entre ellas la de Santiago de Compostela, que han firmado un manifiesto solicitando al próximo Gobierno que derogue de inmediato el texto. «Lo más grave de esta iniciativa legislativa -advierten- es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por el de peligrosidad. La dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma si no a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a administrar la peligrosidad».

Rechazan frontalmente que la reforma equipare a guardias de seguridad con funcionarios públicos a efectos penales, o que restrinja el derecho de reunión y manifestación, sustituyendo el tradicional «orden público» por un novedoso «órdenes en las vías públicas». El objetivo para los firmantes del manifiesto es claro: «Se trata de poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del bienestar».

Fraude de ley

No solo critican el fondo, también la forma. Recuerdan que el PP ha introducido reformas por la vía de urgencia y así se ahorrado los informes preceptivos del Consejo General del Estado y el Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. «Es un auténtico fraude de ley del que ya han advertido el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo», añaden.

Los catedráticos no dejan a un lado la cuestionada prisión permanente revisable, a la que denominan directamente «cadena perpetua», o el endurecimiento de las penas para delitos con penas de prisión, ya de por sí demasiado altas. «El único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana», critican los penalistas.

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