La Fiscalía cree que hubo financiación ilegal del PP entre 1999 y el 2005
17 ene 2015 . Actualizado a las 13:59 h.Peticiones récord de cárcel para los cabecillas de la trama Gürtel. Los ocho principales acusados en la pieza principal de la causa se enfrentan a más de 415 años de prisión, según el escrito de acusación presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de los responsables del entramado societario de Francisco Correa y los ex altos cargos y exalcaldes madrileños del Partido Popular que contrataron y mediaron a favor de la red a cambio de dinero y regalos. La acusación también se dirige contra otros 33 imputados y 25 responsables civiles, entre ellos el PP como persona jurídica, o la exministra Ana Mato, que dimitió por estos hechos.
Los 512 folios de la acusación de las fiscalas del caso Gürtel, la operación destapada en febrero del 2009 y cuya primera parte de la instrucción concluyó en noviembre pasado, fueron entregados ayer en el juzgado de la Audiencia Nacional. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.
La Fiscalía apunta a que el PP tenía una «contabilidad paralela» o «caja B» constituida por «donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos».
Tanto el juez instructor Pablo Ruz como las fiscalas Concha Sabadell y Concha Nicolás consideran que en esta pieza de la trama, la primera época que va de 1999 al 2005, los papeles protagonistas estaban perfectamente adjudicados. Así, la pena más alta que pide Anticorrupción es para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, quien podría ser condenado a 124 años y once meses de cárcel, por toda una ristra de delitos relacionados con la corrupción: asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Correa, un joven de 14 años que comenzó de botones en un hotel de Madrid, se convirtió en un empresario sobrevenido a mediados de los noventa cuando comenzó a prestar servicios para el PP gracias a sus amistades. Su entramado societario creció al mismo ritmo que le caían a dedo los contratos y dejó la gestión en manos de Pablo Crespo y de su contable de confianza, José Luis Izquierdo.
Amistades peligrosas
Para Crespo, el exsecretario de Organización del PP gallego, la Fiscalía reclama la segunda mayor pena, 85 años y medio de prisión. Mientras que a Izquierdo, el hombre al que la policía le requisó la famosa memoria electrónica que contenía los apuntes de la caja B y las identidades de los políticos -«tenemos un problema, el puto pen drive», se quejó Correa a su abogado días después de su detención- le piden 43 años y ocho meses de reclusión.
De la relación de Correa con el área electoral, tesorería, gerencia y organización del PP trabó una buena amistad con el entonces gerente Luis Bárcenas y su jefe, Álvaro Lapuerta. Al primero, el único imputado en la trama Gürtel en prisión preventiva desde junio del 2013, las fiscalas solicitan 42 años y medio de prisión por cinco delitos. Para Lapuerta, tres años, para el también extesorero Ángel Sanchis, ocho años, y nada menos que 24 años de cárcel para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.
A Bárcenas también le acusan de apoderarse «como mínimo» de casi 300.000 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza. Parte se utilizó para comprar inmuebles en Baqueira Beret.
«Adjudicaciones públicas»
Sobre esta contabilidad paralela ajena al control oficial, el escrito de Anticorrupción señala que los donativos que engrosaban la caja B «eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».
El hombre del grupo Correa en Génova 13, sede nacional del PP, era Bárcenas; pero donde la trama obtuvo más réditos fue en dos ricos ayuntamientos del noroeste de Madrid, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Para el exalcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra Ana Mato, solicitan 15 años y cuatro meses de prisión, por cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por su parte, el exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega, alias El Rata, se enfrenta a 50 años y diez meses por los mismos delitos que su colega, más asociación ilícita, prevaricación y blanqueo de capitales.
El exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, tiene encima de la mesa una petición de 46 años de cárcel por siete delitos. El que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre tendrá que devolver a la administración regional más de 430.000 euros por el sobrecoste de las facturas que supuestamente se llevó a su bolsillo.