La oposición acusa al Ejecutivo de avalar la cadena perpetua encubierta

El PP afirma que el nuevo Código Penal aumenta la protección de las víctimas


Madrid / La Voz

La Comisión de Justicia del Congreso comenzó a debatir ayer la reforma del Código Penal que introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español la pena de prisión permanente revisable, suprime las faltas e incorpora medidas anticorrupción. La oposición criticó duramente la reforma, en especial la prisión permanente revisable, por considerarla una cadena perpetua encubierta; acusó al Gobierno de endurecer en exceso las penas sin ser España un país de elevada criminalidad; y valoró como insuficientes las iniciativas contra la corrupción. El PSOE exigió avanzar en el decomiso del patrimonio de los corruptos, CiU acusó al PP de buscar un «lavado de imagen», y UPyD calificó de «escandaloso» que no se tipifique la existencia de cajas B en los partidos y el patrimonio no declarado en el extranjero.

Devolver el dinero

El portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo, aseguró que España es uno de los pocos países europeos que no dispone de un sistema de prisión permanente revisable, con el que ya cuentan Alemania, Italia, Reino Unido y Suiza. Sostuvo que el nuevo Código Penal protege más a las víctimas de la violencia de género, abusos sexuales, trata de seres humanos o delitos de carácter racista y persigue más la pornografía infantil o el maltrato animal.

Castillo destacó la tipificación de la financiación ilegal de los partidos, que penará con entre uno y cinco años de prisión a quien reciba donaciones ilegales o participe en «estructuras y organizaciones» que tengan por objeto financiar una formación política al margen de la ley. También resaltó que los condenados por corrupción no accederán a la libertad condicional ni a beneficios penitenciarios si no han devuelto el dinero sustraído, y el aumento de las penas de inhabilitación para las autoridades y funcionarios corruptos.

El socialista Julio Villarrubia consideró «innecesaria» e «injusta» una reforma que muestra un «claro populismo punitivo», con un aumento generalizado de las penas cuando el Código Penal español es uno de los más duros de la UE. Lamentó que el PP no haya aceptado su propuesta de decomiso para los familiares de los encausados cuando existan indicios de que han experimentado un incremento patrimonial «desorbitado» y defendió la exención de responsabilidad criminal de partidos y sindicatos.

Antoni Picó (CiU) acusó al Gobierno de utilizar el proyecto de Código Penal de forma «partidista para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción». Incidió, como hicieron los portavoces de otros grupos, en la discutible constitucionalidad de la prisión permanente revisable, que, dijo, vulnera el principio de seguridad jurídica y puede convertir la pena en cadena perpetua. Rosa Díez (UPyD) aseguró que se trata del «Código Penal del PP», y no de todos, lo que significa que es un «mal código». «Nadie en el ámbito profesional ni político apoya este eufemismo que enmascara la cadena perpetua, una vuelta al siglo XIX», señaló Ricardo Sixto, de Izquierda Plural.

Importantes cambios

El proyecto que llegó a la Cámara hace un año y cuatro meses patrocinado por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sufrido importantes modificaciones con la presentación de 900 enmiendas, 337 de las cuales han sido aceptadas o transaccionadas. Uno de los cambios más importantes es la retirada de la regulación de las medidas de seguridad a los expresos de especial peligrosidad, a las que finalmente el PP renunció la pasada semana. El popular Castillo aseguró que pese a los «profundos cambios» introducidos, la oposición mantiene su rechazo frontal por meras razones de «oportunismo político» en un año electoral.

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