El Supremo no computará a los etarras las penas cumplidas en el extranjero

La decisión impedirá rebajar las condenas a unos 80 presos de la banda


El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió ayer por mayoría desestimar el recurso del histórico miembro de ETA Kepa Pikabea Ugalde contra la negativa de la Audiencia Nacional a descontarle una condena de 10 años cumplida en Francia.

El alto tribunal ha fijado así como criterio general que las condenas cumplidas en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea no deben ser restadas a las impuestas en España.

El criterio establecido por el Supremo contradice el de la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional, que el pasado diciembre puso en libertad a Santiago Aróspide, Santi Potros, y a Alberto Plazaola al computarles el tiempo que estuvieron en cárceles francesas y restárselo de las condenas dictadas contra ellos en España, acumuladas a 30 años de prisión.

La decisión de los magistrados de la Sala Segunda llegó después de más de cuatro horas de debate sobre la legislación sobre el tema de la Unión Europea, que permite acumular las penas cumplidas en otros países comunitarios. La trasposición de esa legislación al ordenamiento jurídico español contiene una disposición adicional única que señala que «en ningún caso serán tenidas en cuenta» para su aplicación «las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto del 2010», fecha límite de trasposición de la norma europea.

El asunto ya estaba en el orden del día del pleno del pasado 16 de diciembre pero entonces los magistrados aplazaron su decisión definitiva sobre el caso Pikabea para preguntar antes al fiscal y a su defensa si debía aplicar a este caso la ley española que entró en vigor el tres de diciembre y limita estas acumulaciones de condena.

De momento la decisión judicial adoptada por una mayoría de nueve votos -los seis que votaron en contra preparan un voto particular conjunto- impedirá rebajar el tiempo de estancia en prisión a los cerca de 80 presos etarras que han pasado años en cárceles francesas antes de ser entregados a la justicia española.

Probablemente también obligará a revisar las excarcelaciones y reducciones de condenas que fueron acordadas por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Plazaola Anduaga, Santi Potros, Caride Simón y Pakito. Los primeros ya quedaron en libertad el pasado cuatro de diciembre.

A Luxemburgo o Estrasburgo

De todos modos, el tema esta lejos de quedar zanjado con este acuerdo porque Pikabea tiene la oportunidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, competente en materia de derecho comunitario, por la no aplicación de una directiva comunitaria y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

El Supremo aún tiene sin resolver los recursos de la Fiscalía planteados el pasado jueves contra la decisión de la Audiencia Nacional de acumular las condenas cumplidas en Francia por los otros cuatro presos históricos, al entender que la medida es «errónea» y que «no existe base legal para pretender que una pena impuesta en otro país miembro de la UE pueda ser valorada en España a efectos de acumulación o refundición de condenas».

Es más que previsible que el Supremo aplicará el criterio sentado ayer y que el acuerdo se hará extensivo a todos aquellos que han cumplido penas en el país vecino antes de la entrada en vigor de la ley española que traspone la normativa europea.

Críticas de la Comisión

La Comisión Europea en un informe fechado el pasado junio critica la tardanza de más de tres años de seis Estados miembros, entre ellos España, en trasponer sus obligaciones derivadas de la decisión marco y recuerda la obligación de «tener en cuenta las condenas extranjeras, que debe ejercitarse de conformidad con el derecho nacional». La Ley de Enjuiciamiento Criminal española destaca la conexidad en la refundición de penas.

No obstante la Comisión es favorable a que los Estados establezcan requisitos adicionales siempre y cuando sean «proporcionales» a los objetivos de la decisión marco.

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