El fiscal pide 14 años de cárcel para dos hombres clave en los gobiernos de Pujol

Se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional por dirigir, entre otras, la red Pretoria, una trama de pelotazos urbanísticos que defraudó 45 millones


madrid / colpisa

Los dos hombres de máxima confianza durante años del expresidente Jordi Pujol se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de penas que suman casi catorce años de cárcel por dirigir, entre otras, la red Pretoria, una trama de pelotazos urbanísticos en los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres que entre el 2000 y el 2009 defraudó al menos 45 millones de euros.

La Fiscalía reclama para el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Idéntica pena y delitos que para Macià Alavedra, quien lo fue todo en los gobiernos de Pujol (1980-2003), consejero de Industria, de Gobernación y de Economía y Finanzas.

Para el primero de los ex altos cargos de CiU a los que el juez Pablo Ruz decidió el pasado día 18 sentar en el banquillo, la Fiscalía Anticorrupción pide además una multa de 13,7 millones, más la incautación de las ganancias ilegales obtenidas con los delitos, que ascienden a 5,8 millones. La multa de Alavedra es de 10,3 millones y un decomiso de 3,2 millones más. Las peticiones de sanciones son altísimas. Para los once procesados, incluidos Prenafeta y Alavedra, suman 93,7 millones de euros. Las multas más altas corresponden al supuesto cabecilla de la red corrupta, el exdiputado autonómico socialista Luis García, Luigi, que se enfrenta a una sanción de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8, además de una pena de prisión de ocho años.

A Bartomeu Muñoz, exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, le piden seis años y diez meses de cárcel, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones. El último de los políticos implicados en la trama, el exedil de Urbanismo en Santa Coloma Manuel Dobarco se enfrentará a la petición de un año de cárcel y multa de 4,1 millones.

Para Anticorrupción no cabe duda de que Alavedra y Prenafeta idearon una red de cobro de comisiones en base a amaños de adjudicaciones urbanísticas.

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