Los internautas alertan de que permitir escuchas sin autorización judicial favorecerá el espionaje
ESPAÑA
En los primeros días de este mes se hacía público el anteproyecto para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de agilizar la justicia penal, que contempla modificaciones relativas a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. En el texto se recoge la posibilidad de realizar interceptaciones sin autorización judicial previa, ordenadas por el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, para una serie supuestos nuevos, como delitos contra menores u otros que puedan ser considerados de especial gravedad, que no se detallan.
La Asociación de Internautas considera que, tal y como está redactada este anteproyecto se abre la puerta a operaciones de «espionaje político». «Si bien en 24 horas se debe comunicar al juez que la interceptación ordenada por el ministro o el secretario de Estado se ha hecho, y que la autoridad judicial tiene la obligación de confirmarla o revocarla en un plazo máximo de 72 horas, lo cierto es que la intervención de la comunicación ya se habría realizado, y que el político de turno habría accedido a esa información, fuera o no relativa a un delito grave», señalaron ayer responsables de esta asociación en un comunicado.
Además, los internautas critican que la responsabilidad de quien ordenó la intervención de las comunicaciones queda diluida, si finalmente el juez no se aprecia razones suficientes para autorizar la escucha.