El PP asegura que hay que esperar a la sentencia antes de plantear que la infanta debe renunciar, mientras que el PSOE cree que debe ser el rey quien decida sobre el futuro de su hermana
24 dic 2014 . Actualizado a las 09:04 h.La mayor parte de los partidos políticos han valorado que el juez José Castro haya decidido juzgar a la infanta Cristina por el caso Nóos porque demuestra que la ley es igual para todos, una decisión sobre la que, tanto la Casa Real como el Gobierno, han mostrado su respeto.
La infanta deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el juez José Castro cree que hay indicios de que formó parte del presunto entramado corrupto en torno al Instituto Nóos. La Casa del Rey ha expresado su «respeto absoluto a la independencia del poder judicial» tras conocer la decisión del juez. Sobre la posibilidad de que la hija menor de Juan Carlos deba o no renunciar a sus derechos dinásticos -ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión-, fuentes de la Casa del Rey se han limitado a recordar que se trata de una decisión personal de Cristina.
El único miembro del Gobierno en hablar de este asunto ha sido el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha expresado su respeto a la decisión del juez Castro de sentar en el banquillo a la infanta, al tiempo que se ha felicitado porque España cuenta con un sistema judicial que «funciona». «Tenemos un sistema judicial que funciona y creo que nos tenemos que felicitar de ello, más allá de lo que son los casos concretos», ha asegurado De Guindos en los pasillos del Congreso.
Desde el PP, su portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha defendido la presunción de inocencia, ya sea del cantante Joaquín Sabina, con una supuesta deuda de 4 millones con Hacienda, o la infanta Cristina, y ha expresado su absoluto respeto por la decisión del juez. No obstante, Pujalte ha recordado que el juez Castro ya ha instruido otros casos en los que se han dictado condenas que, más tarde, han sido rectificadas «a la baja» por el Tribunal Supremo. Mientras que el vicesecretario de Organización y Electoral del PP cree que debería esperarse a la sentencia antes de plantear el debate sobre si la infanta Cristina debe renunciar a sus derechos sucesorios.
La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, ha dicho que saber que la infanta Cristina será juzgada «significa que la justicia es igual para todos» y que eso «puede dar tranquilidad a todos los españoles». Por su parte, el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, considera que es Felipe VI quien tiene que valorar cuándo debe renunciar la infanta Cristina a sus derechos dinásticos.
Además, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Antonio Pradas, ha dicho la infanta debería «plantearse» la posibilidad de «renunciar a sus derechos de sucesión», dada la «gravedad» que supone que vaya a ser juzgada como presunta cooperadora de delitos fiscales.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que la decisión del juez es una «buena noticia» porque contribuirá a que en España se pierda la sensación de que ciertos poderes tienen impunidad.
El resto de los grupos de la oposición han valorado la decisión del juez instructor del caso Nóos porque demuestra que la ley es igual para todos pese a los «obstáculos» que muchas veces se intenta poner a la independencia del poder judicial.
Es lo que ha opinado, entre otros, el dirigente de UPyD Álvaro Anchuelo, quien ha calificado de «buena noticia» la resolución judicial al consagrar el principio de igualdad de todos los ciudadanos a pesar de las trabas que «a veces se quiere poner en el camino de la independencia del poder judicial».
Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha subrayado que por una vez «la independencia del poder judicial» se ha impuesto y también lo ha considerado una «buena noticia» desde el punto de vista de la democracia.
El portavoz de Economía del PNV, Pedro Azpiazu, ha reconocido su equivocación al pensar que el juez Castro «no iba a ser capaz» de sentar a la hermana del rey en el banquillo.
Desde Amaiur, Rafael Larreina ha señalado que la infanta Cristina es una ciudadana «como otra cualquiera» y, por tanto, si se tiene que sentar en el banquillo «que se siente y asuma sus responsabilidades como cualquier ciudadano».
El más escueto de los diputados consultados sobre la decisión del juez de Palma ha sido el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien se ha limitado a señalar su respeto por la «presunción de inocencia».