El fiscal Horrach considera miserable que se diga que obedece órdenes para no acusar a la infanta
ESPAÑA
El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, considera «miserable» que se diga que obedece órdenes de superiores para no acusar la infanta Cristina de Borbón de delito fiscal o de blanqueo de dinero. «Si hubiera hallado indicios de esos delitos, no habría tenido ningún problema en acusar a la hermana mayor del rey Felipe VI», afirmó en una entrevista publicada ayer por el diario Ara Balears.
El representante del ministerio público explicó que su actuación no responde a indicaciones dadas «no se sabe bien por quién» y aclaró que su trayectoria acredita su independencia. «Si en este caso hubiera habido algún intento de injerencias, no lo habría permitido», afirmó para añadir: «A mí no me ha llamado nunca el ministro de Justicia y no conozco a nadie de la Casa Real, salvo cuando han venido a declarar, y respecto al fiscal general [en referencia al ya dimitido Eduardo Torres-Dulce] solo he tenido una entrevista con él».
Horrach rechazó la imputación de Cristina de Borbón en su escrito final de la instrucción del caso, pero reclamó 19 años y medio de cárcel para su marido, el exdeportista Iñaki Urdangarin.
Apertura de juicio
Entretanto, el juez José Castro ultima el auto de apertura de juicio oral que presentará en las próximas horas, en el que la gran incógnita es si sentará o no a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados. La acusación popular de Manos Limpias reclama para ella ocho años de prisión por dos delitos fiscales.
Es previsible que el instructor mantenga la acusación de dos delitos fiscales a la esposa de Urdangarin, como hizo el pasado 25 de junio en el auto de cierre de la investigación.
Es improbable, asimismo, que Castro aplique la llamada doctrina Botín, según la cual no puede abrirse juicio contra una persona por delitos fiscales si la Abogacía del Estado, que es la defensora de la Agencia Tributaria, y la Fiscalía, defensora del interés general, no se consideran damnificadas y no acusan.
Fuentes de los juzgados de Palma dan por hecho que la decisión de la infanta de pagar los 587.413 euros que la Fiscalía fijó como responsabilidad civil por haberse enriquecido con los fraudes fiscales de Urdangarin en el año 2007 -cuya cantidad ascendió a 182.005 euros en concepto de IRPF- y en el 2008 -que sumó 155.138 euros- no va hacer cambiar de parecer al juez Castro con respecto a la responsabilidad penal de la imputada ya expresada. Es decir, que la infanta «colaboró activamente» con su marido para ocultar a la Agencia Tributaria parte de sus millonarios ingresos.