La oposición se revuelve contra el intento de Justicia de reformar el Código Penal en un mes

El Gobierno quiere acelerar la aprobación del proyecto que envió Gallardón al Congreso y que modifica 300 artículos


Madrid / Colpisa

El Gobierno ha decidido no esperar a fraguar un consenso que, visto el clima político y más aún en pleno año electoral, difícilmente puede llegar. Por ello, pisará el acelerador para lograr sacar adelante antes de que se agote la legislatura iniciativas que llevan meses estancadas en el Congreso. Entre ellas se encuentra la reforma del Código Penal que introducirá la pena de prisión permanente revisable para los casos de asesinatos más graves. La oposición pone el grito en el cielo.

El PP pretende que el nuevo código, que modifica en torno a 300 artículos, se tramite por la vía de urgencia y sea aprobado en un pleno extraordinario que podría tener lugar el 20 o el 21 de enero, tras solo tres sesiones de debates en ponencia y dos en comisión. El ministro de Justicia, que ha heredado este proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón, ya advirtió la semana pasada a los representantes del resto de grupos de sus intenciones.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, se mostró abierto a que se dé celeridad a la parte de la reforma -70 artículos- relacionada con la lucha anticorrupción -la tipificación como malversación de los supuestos de gestión desleal del patrimonio público o las sanciones para los directivos de entidades en las que no se hayan tomado medidas de prevención y en las que se cometan delitos, entre otros-, pero reclamó que el resto se tramite con el «detenimiento» que requiere una ley de semejante envergadura

Casi 900 enmiendas

Los grupos han presentado cerca de 900 enmiendas al texto, lo que da una idea de su complejidad y sus aristas. Además de discutir la prisión permanente revisable, algo que el PP llevaba en su programa electoral y a lo que no está dispuesto a renunciar, la oposición rechaza que se supriman las faltas: las que sean merecedoras de reproche penal se tipifican como delitos leves, castigados con penas de multa, mientras que el resto se perseguirá en la vía administrativa. Varios grupos minoritarios discrepan asimismo de que no haya castigo penal -sí hay responsabilidad civil- para las cúpulas de los partidos en los que se dé un delito de financiación ilegal, las penas serán para las personas físicas que reciban las donaciones ilegales. Al hilo de este asunto, el portavoz de IU, José Luis Centella, acusó a los populares de pretender dejar «determinadas cosas atadas y bien atadas», pero argumentó que otra mayoría puede ayudar a la sociedad a «desatarlas» en la próxima legislatura.

Su compañero Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya, sentenció que la forma en la que se quiere tramitar el proyecto del Ejecutivo es otro «golpe grave al Estado de derecho y a la división de poderes». «Ha estado hibernando durante meses por intereses partidistas -dijo-, y ahora porque se quiere dar apariencia de regeneración se acelera de cualquier manera». También Irene Lozano, de UPyD, y Aitor Esteban, del PNV, afearon al Gobierno las prisas en una cuestión que, insistieron ambos, es trascendental.

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