El Gobierno aprueba hoy una reforma para imponer plazos a los procesos judiciales

El límite máximo oscilará entre 6 y 18 meses, en función de la complejidad de los casos, pero será ampliable por el instructor


redacción / la voz

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer en Bruselas que el Consejo de Ministros de hoy dará luz verde a una propuesta de reforma parcial y urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se centra fundamentalmente en la limitación de los plazos de instrucción de los procesos y en poner límite a la conexidad de las causas para evitar la formación de macro sumarios. «La propuesta que presentaremos al Consejo de Ministros lo que plantea es fijar unas referencias: que las instrucciones de menor complejidad tengan un plazo de seis meses y las de mayor complejidad de 18 meses», explicó en una rueda de prensa en el marco del consejo de ministros europeos de Justicia que se celebró ayer en Bruselas.

El ministro aclaró que estos plazos podrán ampliarse cuando lo considere necesario el órgano instructor y lo apoye la Fiscalía, y descartó que el cambio obligue a aumentar el personal, ya que, en su opinión, «hay que disociar la idea de que para hacer las cosas mejor hace falta más gente».

Reforma insuficiente

Los representantes de las distintas asociaciones judiciales han sido convocados para hoy por el ministro para explicarles el alcance de una reforma que, de entrada, consideran insuficiente. Advierten de que los plazos que actualmente recoge la ley para dictar determinadas resoluciones son imposibles de cumplir si no se aumentan los medios. Por ello, alertan de que limitar el tiempo de instrucción puede llevar a sobreseimientos y a investigaciones penales fallidas o a muy probablemente la prórroga automática de casi todos los casos complejos.

Los jueces decanos en las jornadas nacionales clausuradas el pasado jueves en Valencia pidieron una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal apostando por procedimientos penales ágiles, potenciando la oralidad y reduciendo la instrucción, y ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral.

Reclaman una agilización de los trámites externos que demoran las causas, en especial la recepción de informes periciales y de la documentación remitida por otras entidades, así como la contestación de oficios solicitados por el juzgado y la preparación, traducción y remisión de comisiones rogatorias.

Escuchas telefónicas

Además de las medidas para intentar agilizar la Justicia, la reforma que aprobará hoy el Gobierno también regulará los medios de investigación en el proceso penal, especialmente las intervenciones telefónicas, una de las grandes carencias de la ley actualmente en vigor, por la evolución tecnológica de las mismas. Así, incluye un plazo de tres meses a dos años para intervenir las comunicaciones que se realicen a través de un teléfono o sistema de comunicación telemática. Además, incorporará la jurisprudencia en esta materia dictada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que recientemente prohibió grabar las conversaciones de los detenidos en los calabozos, algo que ocurrió, por ejemplo, en el caso Asunta.

Una regulación más adecuada puede resolver una parte importante de los problemas con los que tropiezan a diario los jueces de lo Penal, en particular los de la Audiencia Nacional, que tienen encomendada la instrucción de las grandes causas derivadas de la criminalidad organizada.

La reforma emprendida por el ministro Rafael Catalá también incluye una antigua petición de la Fiscalía General, que desde hace años reclama que las denuncias sobre hechos sin autor conocido no lleguen a los juzgados.

Abordará igualmente la reforma del juicio rápido para delitos de seguridad vial y el recurso de revisión para articular las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la segunda instancia. La propuesta es que los recursos contra las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales puedan ser revisadas por las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia.

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