Los jueces piden más medios, delitos y penas para combatir la corrupción

Los decanos abogan por ampliar el plazo de prescripción en estos casos


Redacción / La Voz

El medio centenar de jueces decanos, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros, aprobaron ayer en Valencia un documento en el que analizan la situación actual de la justicia en España y en particular del proceso penal. Tras tres días de debate consensuaron 57 reflexiones, propuestas y sugerencias, para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial, en especial en la lucha contra la corrupción. «Creemos -dicen- que no se puede desdeñar, por quien corresponda, la opinión de 2.000 jueces destinados en los juzgados que conocen al dedillo el proceso penal y sus fallos, que son muchos». Aclaran que buena parte de las medidas no precisan desembolso económico, solo voluntad.

Código Penal

Plantean que la reforma del Código Penal en trámite amplíe la prescripción de los delitos de corrupción, que introduzca el delito de enriquecimiento injusto y el de financiación ilegal de partidos políticos, y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, en particular el de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

También apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal -hoy son 120.000 euros- y por aumentar las penas para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción, como la omisión del deber de denunciar.

Proponen que se limite o prohíba la posibilidad de sustituir penas cuando se trate de delitos de corrupción y despenalizar, en cambio, pequeñas infracciones que suponen un desproporcionado esfuerzo para el sistema.

Sobre los indultos, proponen que sea obligatorio el informe favorable del tribunal para su concesión y reclaman que se regule la suspensión de las penas en caso de solicitud de indulto. Respecto a los aforamientos, piden la revisión de todos ellos, especialmente en los casos en los que no es ninguna garantía sino un mero privilegio procesal carente de justificación. Además, solicitan que el aforamiento solo tenga efecto sobre delitos cometidos en el ejercicio del cargo que lo proporciona y que se suprima del listado de delitos competencia del Tribunal del Jurado de los cometidos por aforados, y en general, los delitos relativos a la corrupción.

Consideran que el control de la Administración es clave en la lucha anticorrupción, Así, proponen la potenciación del control de la misma en vía contencioso-administrativa y la imposición de costas a los responsables de actos administrativos irregulares debido a su negligencia y no a la propia Administración.

También reclaman la introducción de profundos cambios en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, hoy excesivamente dependiente de los partidos políticos, así como la eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos.

Más medios

Entre las medidas estructurales, organizativas de gestión incluyen el incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 por cada 100.000 habitantes, que se agilicen los refuerzos de los jueces con causas de corrupción complejas y que en este tipo de investigaciones puedan trabajar en equipo.

Piden que se triplique la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3 % de los Presupuestos del Estado, aumentar la autonomía económica del Poder Judicial y ordenar el reparto de competencias entre el Consejo del Poder Judicial, el Gobierno y las autonomías. También reclaman una modernización informática que elimine las incompatibilidades que ahora existen entre los sistemas de cada autonomía y la concentración de los juzgados en grandes sedes.

En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, piden que se apueste por procedimientos penales ágiles, potenciando la oralidad, reduciendo la instrucción y ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral, poniendo fin así sumarios interminables.

Además de la batería de medidas para combatir la corrupción, los jueces decanos debatieron una propuesta en la que se demanda un tratamiento adecuado de la insolvencia mediante una ley de segunda oportunidad para ayudar «a millones de ciudadanos honestos» con el fin de evitar situaciones de exclusión social que solo favorecen la economía sumergida. Consideran que el proceso concursal existente es totalmente inadecuado para la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar y por ello apenas es utilizado en España, lo que hace necesaria una ley de segunda oportunidad que ya existe en casi toda la UE y que permite al deudor, en determinadas condiciones, una vez liquidado su patrimonio y satisfechas las deudas hasta donde haya sido posible, la remisión o extinción de las que queden pendientes.

La crisis económica, indican, ha tenido «efectos devastadores» que ha dejado fuera del sistema «a centenares de miles de españoles» como consecuencia del sobreendeudamiento, dada la responsabilidad patrimonial universal instaurada por el Código Civil que implica para el deudor responder de sus deudas con bienes presentes y futuros. Los jueces creen preciso debatir cuanto antes sobre cómo salir de esas situaciones y dicen que ahora, que al parecer se está saliendo de la crisis, es el momento. Creen necesario reflexionar sobre el concepto del «deudor de buena fe» por causas que no le son imputables, como el fallecimiento o enfermedad de familiar, desempleo, divorcio, cargas familiares o incluso la insolvencia de los clientes o el brusco descenso de las ventas.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

Los jueces piden más medios, delitos y penas para combatir la corrupción