Una asociación demanda a Justicia por la sobrecarga de trabajo de los jueces

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) presentó ayer una demanda judicial por conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España que incluye como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales, por lo que los potenciales afectados son 4.800 profesionales que integran la plantilla judicial. En la demanda denuncian que casi la mitad de los órganos judiciales españoles -especialmente aquellos que instruyen procesos complejos relacionados con la corrupción-, sobrepasan en un 150 % la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ. Aluden en concreto al caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, quien falleció en julio del 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto. La carga de trabajo que soportaba este juez era del 206 % en relación con los módulos fijados por el CGPJ. El día de su fallecimiento tenía señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La demanda recoge que desde el convenio de creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud de los miembros de la carrera Judicial, suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre del 2010, no se ha contratado un servicio para este área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de los funcionarios.

Los demandantes pretenden que en la futura sentencia se obligue al Ministerio de Justicia a fijar un límite en la carga de trabajo adecuada para cada juzgado con el objetivo de acabar con el colapso y que el exceso de causas pendientes pasen a ser investigadas por nuevos jueces.

Estrés y exceso de trabajo

El principal soporte documental de las reivindicaciones de los jueces es un informe de la inspección del CGPJ que ya dio a conocer el pasado septiembre JpD que revela que un 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150 % de carga de trabajo.

En esa situación se encuentran un 97, 83 % de los juzgados de lo social, un 96,95 % de los de primera instancia, un 93,75 % de los juzgados de lo mercantil, un 52,22 % de los de familia, un 53,40 % de las audiencias provinciales penales y un 45,03 % de los juzgados de primera instancia e instrucción.

Otro informe reciente, este elaborado por JpD, muestra que la situación de riesgos psicosociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo. El problema afecta a un 92,66 % de los encuestados.

La primera conclusión que extraen de ambos informes es que la justicia más cercana al ciudadano, la que atañe a los trabajadores, pequeños empresarios, y a las familias víctimas de delitos está absolutamente desbordada.

El primer efecto del anuncio de presentación de esta demanda, efectuada el pasado miércoles, fue que ayer los promotores de la misma ya recibieron una llamada de la secretaría de Estado de Justicia ofreciéndoles diálogo en nombre del ministro Rafael Catalá, «un gesto que valoramos, pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos», dijo ayer un portavoz de JpD.