La asociación considera que «es momento de pasar del talante a los hechos» y recuerda en su demanda que desde el «Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial» suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre del 2010 no se ha contratado un servicio para esta área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial.
Apunta que el CGPJ aprobó un reglamento en el 2011 que garantiza el derecho de los jueces a contar con una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones y añade que el Ministerio de Justicia es titular junto a las comunidades autónomas de los centros de trabajo y medios materiales, así como del abono de las retribuciones de los magistrados.
