Susana Díaz sacrifica a Chaves y a Griñán para intentar lavar la imagen del PSOE

C. Cuerdo / p. de las heras SEVILLA, MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Obligará a renunciar al escaño a los parlamentarios que sean imputados

07 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Acusaron a la jueza Mercedes Alaya casi de prevaricar por preimputar, si es que tal cosa existe, a los expresidentes de Gobierno de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves; tildaron de aberración jurídica que se les pretenda hacer responsables penales del fraude de los ERE; defendieron una y otra vez su inocencia... Todo eso ha quedado atrás.

El cabreo ciudadano que ha catapultado a Podemos en las encuestas ha dinamitado la cautela de los socialistas y ha hecho saltar por los aires su argumento de que matar moscas a cañonazos hace un flaco favor a la democracia. La presidenta andaluza, Susana Díaz, lo advirtió ayer: cualquier parlamentario andaluz que sea imputado por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que dejar el escaño.

El aviso llega en un momento clave. La Fiscalía se mostró el lunes partidaria de que el Tribunal Supremo investigue la intervención «directa o indirecta» de los expresidentes y de tres exconsejeros andaluces aforados como diputados o senadores -José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno- en el escándalo. Y en las próximas semanas podría darse el caso de que algunos o todos ellos fueran imputados.

Contrariedad

La decisión de Díaz cayó como un jarro de agua fría en el entorno de los expresidentes. Fuentes de la Junta alegan que sus palabras no prejuzgan nada y defienden que aún cabe la posibilidad de que el alto tribunal no vea indicio de delito alguno. Pero, en la práctica, la amenaza los deja en una situación delicada porque parte de la estrategia judicial de ambos pasaba por la imputación. Chaves y Griñán siempre han defendido que el hecho de que el Supremo asumiera la causa era su mayor garantía de un juicio justo, inviable, sostienen, con Alaya. Por eso mismo tenían intención de hacer lo que, en su día, hizo el exministro José Blanco: no esperar a que el tribunal reclamara el suplicatorio al Congreso y al Senado y solicitar declarar como imputados de manera voluntaria.

Si se les forzara a dejar el escaño corren además el riesgo de que el Supremo entienda que ya no es la competente para juzgar el caso. Lo devolvería así a la Audiencia Provincial de Sevilla. Es lo que le ocurrió al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando abandonó el Senado.

Fuentes de la Junta reconocen que tanto Griñán como Chaves, a los que siguen considerando inocentes, tienen razones para sentirse dolidos pero argumentan que «en los tiempos que vivimos» no cabía hacer otra cosa. Díaz justificó su decisión sin reparo alguno. «Creo que la gente ya no está para palabras, que las palabras no se las cree nadie, que lo que quieren son hechos, y eso es lo que yo voy a hacer en Andalucía», dijo.

En Ferraz desconocían que Díaz fuera a dar ese paso, pero aplauden la medida. De hecho, insisten en que está en perfecta sintonía con lo que venía defendiendo el propio Pedro Sánchez. Lo paradójico es que el PSOE aprobó hace apenas unas semanas un código ético en el que fijaba como momento para asumir responsabilidades políticas la apertura de juicio oral y lo hizo así porque la imputación no implica comisión de delito.