Hay evidencias de la existencia de más cuentas en Suiza, según los investigadores
02 nov 2014 . Actualizado a las 09:29 h.El juez y la Guardia Civil han dejado claro en sus atestados y en sus autos que la trama Púnica era una organización criminal e Instituciones Penitenciarias no quiere correr el más mínimo riesgo de que los cabecillas del entramado corrupto, como grupo organizado que son, puedan seguir delinquiendo desde la cárcel aprovechando sus todavía activas «redes clientelares».
Como primera medida, han equiparado, en la práctica, a esta red con una mafia o un grupo de criminalidad organizada o una banda terrorista, lo que implica la inmediata dispersión de sus cabecillas en diferentes centros para evitar que puedan tener contacto directo entre ellos.
Ayer, Interior trasladó al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, desde la cárcel de Soto del Real a la de Estremera, también en Madrid. El conseguidor principal de la red y amigo de la infancia de Granados fue sacado de Soto del Real para ser ingresado en el centro penitenciario de Aranjuez. De allí también salió el presidente de la Diputación de León con destino al centro de Navalcarnero.
Según explicaron fuentes penitenciarias, con estos movimientos se cumple la legislación, ya que los arrestados seguirán todos en Madrid y cerca de sus domicilios, al tiempo que estarán disponibles en cuestión de horas si son reclamados por el magistrado de la Audiencia Nacional.
Movimientos estratégicos
Tras estos movimientos penitenciarios estratégicos, en la cárcel de Soto del Real solo quedan miembros del segundo nivel del entramado corrupto como el alcalde de Valdemoro; el empresario Alejandro de Pedro, el otro gran conseguidor de contratos públicos de la red; Ana María Ramírez, la testaferro y mujer de confianza de David Marjaliza y Pedro García, uno de los cuatro directivos detenidos de la empresa Cofely, la mayor pagadora de sobornos de la red dirigida por Granados y Marjaliza.
La obsesión de la Guardia Civil y del instructor Eloy Velasco por mantener en situación de casi aislamiento a Granados y Marjaliza es por la sospecha de que la investigación hasta el momento solo ha hecho aflorar «una parte» de todo el entramado y que los dos detenidos podrían seguir ocultando pruebas. Miles de documentos
Según mandos de la investigación, los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) se han incautado de decenas de miles de documentos en los registros de los pasados lunes y martes. Unos papeles -explican estas mismas fuentes- que hacen que la investigación se tenga que ampliar a muchas nuevas empresas, al margen de las 150 que ya estaban en el punto de mira de la Audiencia Nacional.
Eloy Velasco, además, ya ha ordenado investigar nuevas adjudicaciones supuestamente amañadas, que no aparecían en las primeras diligencias. Entre estos nuevos contratos figura el que el propio Granados, al frente de la Consejería de Justicia, Interior y Presidencia, firmó en el 2010 por valor de 900.000 euros a favor de la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales, que se hizo con los servicios de traducción del Gobierno regional.
Peritajes sospechosos
El magistrado está particularmente interesado en ese contrato porque este colectivo está presidido por Castor Iglesias, el perito que poco después de esa adjudicación hizo peritajes que desvinculaban a Granados de la red de espionaje en la Comunidad de Madrid.
El otro eje de la investigación de la UCO, tras las maratonianas jornadas desde que se desató la operación Púnica, es intentar bloquear cuanto antes la mayor cantidad de dinero. Las pesquisas se centran en una empresa tapadera usada por Granados y Marjaliza llamada Sheraton Trading y que ha servido para mover verdaderas fortunas por medio mundo, y no solo en Europa.
Según los atestados de la UCO, «se han recabado evidencias que confirman la existencia de nuevas cuentas en Suiza. En estas cuentas constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales a otros países en América».