Rajoy no comparecerá porque el tema afecta a «todas las fuerzas políticas»
01 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno puso en marcha ayer su nueva estrategia para frenar el hartazgo ciudadano ante la proliferación de casos de corrupción y el acoso de la oposición para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso. Y ese plan tiene tres frentes. Acelerar la presentación de reformas que llevan tiempo empantanadas; dotar de mayores medios materiales a la Justicia y culpar a la oposición de la falta de consenso y de los retrasos en la aplicación de las medidas para hacer frente a los comportamientos corruptos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a este programa tras la reunión del Consejo de Ministros. La número dos del Gobierno dejó claro que Rajoy no tiene intención alguna de dar explicaciones en el Congreso por los escándalos que afectan al PP. En este caso, la justificación para tal negativa es que la corrupción es un asunto que afecta «a todas las fuerzas políticas» y todas ellas deben dar explicaciones, aunque la responsabilidad, según esta tesis, no está en los partidos sino en las personas concretas que se corrompen, por lo que cada uno debe explicar «lo suyo».
«Es algo de personas»
«Por desgracia, la corrupción afecta a todas las fuerzas políticas. Porque no es algo de partidos políticos, es algo de personas», señaló Sáenz de Santamaría. En esa situación, a su juicio, Rajoy no puede acudir al Congreso a explicar todos los casos de corrupción. «¿No será más oportuno que dentro de los partidos tomen las decisiones que estimen convenientes y den las explicaciones oportunas y al Gobierno nos dejen llevar adelante la discusión de estas leyes para ponerlas en vigor cuanto antes?», señaló la portavoz.
En ese deseo de repartir culpas, incluso nombró algunos de los casos de corrupción más recientes, sin achacar ninguno en exclusiva al PP. «Las tarjetas afectan a varios grupos, los ERE fundamentalmente en Andalucía, la operación Púnica a diferentes partidos..», dijo, para instar a continuación a todas las fuerzas a pactar medidas de regeneración.
El Gobierno quiere erradicar la imagen de que Rajoy ha sido permisivo con dirigentes del PP afectados por casos como el de Gürtel o la contabilidad paralela del partido y de que no ha abordado con decisión la aplicación de las reformas necesarias. «Nosotros hemos hecho nuestra tarea, hemos procurado buscar un consenso y hemos dado todo el tiempo del mundo», señaló Sáenz de Santamaría, que descargó al Ejecutivo de cualquier responsabilidad sobre la lentitud en la aplicación de las medidas previstas, al afirmar que las negociaciones se paralizaron primero como consecuencia de las elecciones europeas, después por la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder del PSOE, y ahora los socialistas las han roto de nuevo como consecuencia de la operación Púnica.
Frente a ello, el Gobierno se muestra ahora dispuesto a aprobar las medidas que sean necesarias incluso sin el consenso de la oposición. Por ello, el Gobierno abrió ayer un nuevo plazo para debatir las reforma con el resto de partidos en el Parlamento durante el mes de noviembre, de manera que puedan entrar en vigor en diciembre, haya o no acuerdo.
Tampoco quiso la vicepresidenta adelantar qué medidas debe tomar el PP o el resto de partidos con los dirigentes políticos afectados. Cada uno, según dijo, «tomará sus decisiones» en función de sus normas internas o de sus respectivos estatutos.
Doce nuevos jueces en Galicia
Como había adelantado Rajoy, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados, dos de ellas en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A Galicia le corresponden 12 plazas, repartidas entre cinco unidades judiciales y siete jueces de adscripción territorial. Además, se dio luz verde al Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El PSOE minimizó estas medidas y su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, pidió al Ejecutivo que «no engañe» y «no venda humo» dando a entender que habrá unos 170 jueces nuevos como medida para luchar contra la corrupción, cuando de lo que se trata es de que se les adjudican plazas definitivas. Hernando se refirió también al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, al que eximió de responsabilidad política por la presunta corrupción del alcalde de Parla, José María Fraile. «No se le puede pedir que tuviera una bola de cristal» para prever lo que pasaría, señaló el portavoz del PSOE.