La tragedia del Madrid Arena, pendiente de juicio dos años después

Efe

ESPAÑA

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado por la tragedia que costó la vida a cinco jóvenes por una avalancha ocurrida la noche de Halloween de 2012

31 oct 2014 . Actualizado a las 15:50 h.

El caso Madrid Arena está pendiente de la celebración del juicio dos años después de la tragedia ocurrida en la noche de Halloween de 2012, en la que cinco jóvenes perdieron la vida a consecuencia de una avalancha humana.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado en la causa, tres años de cárcel para otros once procesados, responsables de la organización y la seguridad del evento, y dos años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, encargados de la enfermería del Madrid Arena.

Los abogados de las víctimas están en desacuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal por considerar que las penas solicitadas no responden a la gravedad de los hechos.

Las acusaciones populares, que ejercen el PSOE y Manos Limpias, elevan a 10 y 20 años, respectivamente, su petición de pena de prisión para el promotor de la fiesta.

Miguel Ángel Flores tendrá la oportunidad de declarar de nuevo ante el instructor del caso, tras admitir la Audiencia Provincial de Madrid la solicitud del empresario.

La intención de Flores es declarar sobre el contenido de la pieza de su situación patrimonial y sobre el informe de la Brigada Provincial de Policía Científica relativo al contenido informático de los ordenadores respecto a las entradas emitidas y vendidas.

Más entradas de las permitidas

El fiscal considera que Flores, con «un claro ánimo de enriquecerse», vendió más entradas de las que permitía el aforo («un mínimo» de 22.800 frente a 10.620 de aforo), «con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo».

Al vender el doble de las entradas del aforo autorizado, apunta la Fiscalía, era «fácilmente previsible que con ello se iba a sobrepasar la capacidad máxima del recinto, con el consiguiente riesgo para los asistentes a la fiesta».