El Gobierno acelera la puesta en marcha del Consejo de Transparencia

EFE

ESPAÑA

El nombramiento del presidente del nuevo organismo podrá ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso

31 oct 2014 . Actualizado a las 18:09 h.

La puesta en marcha del nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se ha acelerado ante la actual crisis dejada tras la operación Púnica. Según ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, este organismo, cuyo estatuto ha sido aprobado este viernes, actuará «con plena independencia y autonomía» y estará en funcionamiento antes del 10 de diciembre. Sáenz de Santamaría, ha explicado al término del Consejo de Ministros que el presidente del nuevo organismo será nombrado, por mayoría absoluta por el Congreso, a propuesta por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Dicho dirigente, que podrá permanecer en el cargo por un plazo de cinco años no prorrogable, será escogido «entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional y previa comparecencia en el Congreso».

Sáenz de Santamaría ha destacado que el Consejo tiene un papel «esencial» a la hora de garantizar que se cumplen la Ley de Transparencia, que entrará en vigor en diciembre y que no tiene precedentes en la historia de España.

El estatuto aprobado este viernes regula los fines, la estructura y funciones del Consejo, entre cuyos miembros habrá un diputado, un senador, un miembro de la Agencia Española de Protección de Datos y otro del Defensor del Pueblo.

La vicepresidenta ha defendido el procedimiento acordado para el nombramiento del presidente en que es el mismo que se lleva a cabo para el de los principales órganos reguladores en el ámbito del derecho. «La dinámica de todos es la misma, una propuesta por parte del Gobierno y pasa una entrevista en el Congreso donde se examina su currículo y características», ha respondido al ser preguntada si no hubiera sido mejor que el nombramiento se hiciera por consenso entre los grupos de la Cámara y no por mayoría absoluta. Ha destacado además que el Consejo estará apoyado por un diputado, un senador y un representante del Defensor del Pueblo, organismos todos que emanan de las Cortes Generales por lo que «no hay duda de la implicación del Parlamento» en un organismo que «va a existir por primera vez en España». «Ni por mayoría absoluta ni simple, nunca se había aprobado una ley de transparencia», ha apostillado. Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que el Gobierno está desarrollando también el portal de la transparencia, en el que se publicarán «del primero al último» de los contratos y subvenciones, algo que «no existía hasta que no se aprobó la ley», una norma que el Gobierno quiso «abrir» a la participación de todos los grupos parlamentarios y que «logró un gran consenso».

«Falaz, oportunista y una cortina de humo»

Las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han acusado al Gobierno de lanzar un argumento «oportunista», «falaz» y una «cortina de humo» cuando anuncia como una medida contra la corrupción la incorporación de 282 jueces. De ellos, solo dos nuevos irán a parar a la Audiencia Nacional, una cifra que resulta «irrisoria» para actuar contra este fenómeno que salpica a muy diversos partidos y administraciones.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha destacado que el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros «no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción», sino que se trata de evitar el desequilibrio entre el número de jueces en activo y sus plazas. «No son nuevos juzgados», ha agregado. «No tiene nada que ver con ningún plan contra la corrupción, las plazas son bienvenidas y agilizarán la carga de trabajo pero no tienen nada que ver. Las dos únicas serían las de la Audiencia Nacional», ha señalado Sexmero, en referencia a las dos plazas de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los casos de este órgano pero no de instruirlos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, al destacar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «no está diciendo la verdad» cuando vincula las casi 300 plazas con la lucha contra la corrupción. El decreto no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación «irregular» de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. «Es decir, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos», ha indicado Bosch, para poner de relieve que en los últimos tres años el Gobierno no ha creado ningún juzgado. «Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional», ha explicado.