El juez acusa a Granados de montar una trama criminal desde el Gobierno madrileño

Lo envía a prisión incondicional junto a su socio, el conseguidor David Marjaliza, por una decena de delitos

Colpisa

Blanqueo de capitales, pertenencia a un grupo criminal, desfalco a la Agencia Tributaria, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, fraude? Durante años y desde los despachos que ocupó en los Gobiernos de Esperanza Aguirre (fue consejero entre el 2004 y el 2011) y de la ejecutiva regional del PP, Francisco Granados manejó los hilos de la trama Púnica, una «organización criminal» en palabras del juez Eloy Velasco, quien ayer decretó el ingreso en prisión incondicional del exsecretario general del PP de Madrid y de su mano derecha, socio y amigo, el empresario David Marjaliza, acusados de amañar contratos públicos por más de 250 millones.

Granados llegó dispuesto a defenderse a toda costa, quizás sin saber que la Guardia Civil tiene pinchazos y documentos que le implican en el cobro de comisiones millonarias y en su participación activa con Marjaliza en una red empresarial-financiera para sacar esos fondos de España y traerlos de vuelta blanqueados.

El ex hombre de confianza de Aguirre trató de endosar, sin éxito, las cuentas en Suiza a su socio y convencer al juez y a las fiscales que todo es fruto de una confusión. Solo admitió que abrió una cuenta en el país helvético en 1996 porque su gestor financiero se cambió de banco. Explicó que en el 2000, cuando fue elegido alcalde de Valdemoro, «cedió» [sic] esa cuenta a Marjaliza (recuperando los 320.000 euros que allí tenía) porque el banco no le dejaba cancelarla sin más.

«Blanqueo agravado»

A partir de ahí negó la mayor durante más de dos horas de interrogatorio, pese a las grabaciones y papeles que le mostraron. Ni turbios negocios con Marjaliza a través de testaferros y empresas pantallas. Nada de favores a empresarios ni de concursos públicos diseñados para que ganaran las empresas de la trama Púnica. No participó en operaciones inmobiliarias en Valdemoro. Ni un soborno. Y nada que ver con la cuenta de 1,5 millones que se vació el pasado diciembre en Suiza y que hizo que las autoridades de aquel país avisaran a España ante el temor de una gran operación de «blanqueo agravado».

Sus explicaciones y las de su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Antonio Molina, no convencieron ni a las fiscalas ni al juez. En su auto, Velasco acusó al ex dirigente del PP de ser titular de «algunas de las cuentas» de las descubiertas en Suiza. Para él, no hay duda de que Granados, «a lo largo de su carrera pública», se dedicó a «favorecer» a sus empresarios amigos con adjudicaciones, particularmente ligadas al urbanismo, como cabecilla de «una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio».

La estrategia de Marjaliza fue diferente a la de su amigo de la infancia, pero con el mismo destino, la cárcel madrileña de Soto del Real. Se negó a declarar y dejó el peso de su defensa a su abogado, José Antonio Choclán, en su día defensor del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Choclán reclamó la libertad de su defendido basándose en que regularizó doce millones que tenía en el extranjero, la mayoría en Suiza, el pasado febrero. No mencionó que esa decisión la tomó poco después de que un guardia civil diera el chivatazo a Granados de que él, el propio Granados y sus esposas estaban siendo investigados a petición de la Fiscalía suiza por «blanqueo agravado» de capitales.

Según Choclán, Marjaliza abonó tres millones a Hacienda, pidió una prórroga para pagar el resto para regularizar sus cuentas, y facilitó los números y extractos a la Agencia Tributaria.

Su supuesto arrepentimiento fiscal no conmovió al juez. Velasco lo acusó de ser la «cabeza» y de estar con su compañero de pupitre en el «núcleo de una organización criminal» dedicada a un amplio abanico de delitos con el eje en el amaño de promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. El juez también le señaló como «centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo».

Los delitos por los que fue enviado a prisión no son menos: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, ilícitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, uso de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude. Con Granados y Marjaliza son siete los encarcelados de la operación, entre ellos la testaferro de este, Ana María Ramírez.

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