Lleva al Tribunal Constitucional el nuevo proceso puesto en marcha por el presidente de la Generalitat para el 9-N
31 oct 2014 . Actualizado a las 16:13 h.El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar una consulta alternativa en Cataluña el 9 de noviembre. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo en la que ha querido dejar clara que la la decisión del Ejecutivo se hará efectiva esta misma tarde con la presentación del recurso de inconstitucionalidad, un recurso en el que pedirán la suspensión de todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo o que se vayan a llevar a cabo para convocar esta consulta, denominada «proceso participativo».
Esta decisión, que llega después de que el órgano consultivo haya determinado que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como «cualesquiera otras actuaciones -con independencia de su naturaleza- en relación con dicho proceso», ha sido argumentada por la vicepresidenta, quien ha querido justificarse dejando claro que el 9-N alternativo de la Generalitat no tiene «ninguna base legal» ni las garantías democráticas «más básicas». En ese sentido, ha recordado que no hay censo, que no hay administración electoral, que el proceso lo pilotan quienes defienden un resultado concreto y que lo organizan voluntarios «captados, seleccionados e instruidos por los promotores».
De esta forma, el Gobierno pretende preservar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y del Estado de Derecho, en el que «no tiene cabida» este procedimiento de consulta, además de «proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos», en particular los derechos a la libertad y a la igualdad. Otro de los principales motivos que ha empujado al Gobierno a llevar al TC la consulta es proteger los derechos de los catalanes, sobre todo de los funcionarios públicos a los que la Generalitat pretende colocar «ante la intemperie legal» de no dar ninguna cobertura jurídica a su actuación. También ha criticado Sáenz de Santamaría que la Generalitat sitúe a esos funcionarios ante la responsabilidad de asumir por sí mismos el incumplimiento de la ley, algo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no está dispuesto a hacer con su firma.
En ese sentido, ha confiado en que Mas sea consciente de que, si la primera consulta fue suspendida porque vulneraba la Constitución, en este caso vulnera derechos de los ciudadanos a los que gobierna y representa al trasladarles una responsabilidad que no les compete. Sáenz de Santamaría ha confiado en que el presidente de la Generalitat cumpla esta vez las resoluciones judiciales «al menos por respeto a los ciudadanos». En resumen, ha añadido, el Ejecutivo quiere con la impugnación «evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley».
La vicepresidenta del Gobierno ha descartado tomar medidas que afecten a la financiación de Cataluña a pesar de los incumplimientos de la Generalitat, cuyo comportamiento «ya ha perjudicado bastante a los derechos de los catalanes». En ese sentido, ha indicado que el dinero destinado a Cataluña a través del fondo a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es el único instrumento para garantizar que en esa comunidad los funcionarios cobren sus nóminas, se pague a las farmacias y se presten los servicios públicos.
Razonable para el PSOE
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho este viernes que la impugnación le parece «razonable». Después de leer el dictamen del Consejo de Estado, fundamentalmente algunas consideraciones, los socialistas creen que es «adecuado» y que el Gobierno tiene que «cumplir y hacer cumplir la ley». Hernando también ha querido explicar que «comprende» que el PSC diga que no es conveniente impugnar la consulta, pero que no lo «comparte».
«Lo comprendo, porque que en términos políticos consideran que eso es meterle gasolina a la consulta, pero no lo comparto porque sí comparto las razones del Consejo de Estado para la impugnación, que es decir que estamos ante un fraude de ley», ha argumentado.