El Consejo de Estado estudia mañana el recurso contra la votación
29 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy no va a hacer nada por tender puentes con la Generalitat porque no tiene nada que ofrecer a alguien que convoca un referendo ilegal sobre la independencia de Cataluña, según él mismo manifestó. El presidente del Gobierno negó además ser «un espectador» en el conflicto porque ha tomado todas las medidas para impedir que se vulnere la ley.
El jefe del Ejecutivo sigue firme en su empeño de evitar la consulta impulsada por el Gobierno catalán y desoyó todas las exigencias de los socialistas para que ofrezca una alternativa que allane el camino hacia una salida en el enfrentamiento. «¿Qué se le puede ofrecer a alguien que convoca un referendo ilegal?», preguntó ayer Rajoy al senador socialista José Montilla en la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta.
«Me gustaría -dijo- encontrar una solución», pero aclaró que su deber es cumplir y hacer cumplir la ley. El senador y expresidente de la Generalitat de Cataluña replicó que lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno sea «un espectador» en este debate con la convicción de que «el paso del tiempo» solucionará el problema. Su «inmovilismo» -reprochó Montilla a Rajoy- lejos de resolver la situación «alimenta el independentismo».
Pero el presidente del Gobierno no entró en esa discusión. «He tomado las decisiones que debía tomar», zanjó. Rajoy ha decidido que su próximo paso sea un nuevo recurso ante el Constitucional para que el tribunal ordene también la suspensión de la consulta informal del 9 de noviembre, como hizo el pasado 29 de septiembre con el referendo convocado por Artur Mas. Decisión que el presidente catalán acató.
Dudas de que sea recurrible
La Moncloa, sin embargo, ahora no las tiene todas consigo sobre lo que vaya a decidir el Consejo de Estado sobre el informe que ha solicitado para recurrir la segunda consulta del 9 de noviembre. El órgano consultivo abordará el asunto mañana y, en función de su dictamen, el Consejo de Ministros aprobará un recurso para presentar ante el Tribunal Constitucional contra la votación o desistirá de plantearlo.
Aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró el lunes que la consulta informal prevista para dentro de 12 días es «contraria a la Constitución» porque, entre otros vicios, no reúne «ni una sola garantía democrática», los servicios jurídicos del Estado tienen dudas de que la actuación de Mas pueda ser recurrible.
Discrepancia PSOE-PSC
El PSOE, como ocurrió en septiembre, se alineó con el Gobierno en la decisión de acudir al Constitucional, pero reclamó a Rajoy que además reabra el diálogo y busque soluciones. La postura de la dirección socialista a buen seguro no habrá gustado entre el PSC, contrario a que el presidente del Gobierno recurra el 9-N porque cree que solo dará munición al soberanismo para reafirmarse en la intransigencia del Ejecutivo de Rajoy. Así, el portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Maurici Lucena, advirtió de que sería un «error» impugnar el proceso participativo del 9-N al tratarse de una «gran movilización» sin efectos jurídicos. Sin embargo, después restó importancia a la discrepancia con el PSOE porque, afirmó, ambos defienden el fin último para el encaje de Cataluña en España que pasa por una reforma de la Constitución en la línea federal.