La judicatura reclama recursos y voluntad ante la corrupción

Diez mil personas han sido investigadas en lo que va de año por delitos económicos, pero solo 615 han ido a la cárcel


Redacción / La Voz

El actual Código Penal, con menos de dos años de rodaje tras su última reforma en profundidad, se ha quedado pequeño para dar cobertura legal a la investigación de los delitos de hoy. En especial a la delincuencia económico-financiera y la corrupción, una de las modalidades que provocan mayor indignación social, y al blanqueo de capitales que, en muchos casos, están directamente ligados al crimen organizado. Pero los que hay tampoco se han empleado hasta la fecha con demasiado entusiasmo, según reconocen los propios operadores judiciales que se ocupan a diario de estos temas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el que dirige también la operación Pírrica, lo hacía recientemente en el marco de unas jornadas de la Policía Nacional sobre la Delincuencia Económica celebradas en Barcelona, y el fiscal Javier Zaragoza en declaraciones a La Voz.

La semana pasada era el propio Carlos Lesmes, la primera autoridad judicial del Estado -es presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- quien en otro foro, con el nuevo ministro de Justicia, el de Interior y la secretaria general del Partido Popular entre el público, ponía de manifiesto una evidencia: la actual ley procesal «está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador». Por ello reclamó la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la que regula la estructura de los tribunales para agilizar al máximo los procesos.

Parcheos para ir tirando

¿Hasta dónde van a llegar esas reformas? El nuevo ministro de Justicia ya dio pistas: no queda tiempo en esta legislatura para sacar adelante los proyectos de estas dos leyes básicas ya redactados, por lo que se van a parchear los actuales para ir tirando.

Pese a la inexistencia de una verdadera Policía Judicial a las órdenes directas de jueces y/o fiscales, sin vinculación alguna con el Ministerio del Interior, un factor clave en la lucha contra este fenómeno delictivo en países de nuestro entorno, se están logrando resultados sin precedentes en nuestro país.

Según datos de la Dirección General de la Policía, en lo que va de año, este cuerpo ha iniciado más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en todo el territorio nacional que afectaron a unas 10.000 personas y a 5.300 empresas, con un total de 3.650 detenidos.

Sobre delitos específicos de corrupción, se han iniciado 306 en los últimos cuatro años, en el marco de las cuales en lo que va de año han sido detenidas 104 personas, más el medio centenar ayer, la mayoría acusadas de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Pero los datos que salieron a la luz en los últimos días, en el congreso anual de la organización de inspectores de Hacienda de Estado celebrado en Bilbao, no son tan optimistas. Solo 615 de los 64.000 reclusos que albergan las cárceles españolas lo están por delitos económicos y son menos del 1 % del total. En concreto, por delito fiscal son 150 y por blanqueo, 87 y solo 4, por delitos societarios.

En ese congreso Salvador Viada, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, explicaba que el alto nivel de corrupción en España se explica por la falta de organismos fiscalizadores independientes porque han sido «colonizados» por los políticos.

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