Detenidos el exnúmero 2 de Aguirre y el presidente de la Diputación de León en una macrooperación contra la corrupción
ESPAÑA
La macrorredada denominada «operación Púnica» se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia. Hay seis alcaldes arrestados: cuatro del PP (Collado Villalba, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco y Valdemoro), uno del PSOE (Parla) y un independiente (Casarrubuelos). Se cree que cobraban entre un 2 y un 3 % de comisión por adjudicaciones. PP y PSOE han anunciado que suspenderán de militancia a los implicados
27 oct 2014 . Actualizado a las 15:05 h.Agentes de la Guardia Civil han detenido al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, en el marco de una macrooperación contra la corrupción municipal que se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia.
Según la Fiscalía Anticorrupción, también se han dirigido 400 mandamientos a entidades bancarias, 259 mandamientos a registros de la propiedad y 30 embargos preventivos de vehículos. El Ministerio Público habla de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías con la connivencia de ediles municipales, funcionarios, empresarios de constructoras, obras y servicios energéticos».
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el 2 y el 3 % de cada contrato adjudicado, según informa Europa Press.
Entre las 51 detenciones detaca la del el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez, sucesor de Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo.
Martínez abandonó sobre las 11.45 horas la sede de la institución provincial custodiado por tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El sustituto de Isabel Carrasco, que también es alcalde del municipio de Cuadros (León), fue introducido en un coche del Instituto Armado y abandonó el palacio de los Guzmanes, sede de la institución, ante la mirada de decenas de periodistas y otras personas que se habían congregado en el lugar.
Entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza, vinculado junto a Francisco Granados, a la red de espionaje a políticos del PP.
Entre los políticos detenidos también hay seis alcaldes madrileños -cuatro del PP, uno del PSOE y uno del UDMA-. Los alcaldes del PP detenidos son los de las localidades de Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, y de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz.
Del PSOE ha sido arrestado el primer edil de Parla, José María Fraile, mientras que del partido Unión Demócrata Madrileña (UDMA) está detenido el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández.
Suspensión de militancia en el PP y el PSOE
El Partido Popular suspenderá esta tarde de militancia a los detenidos de la Operación Púnica que estén afiliados al partido, a los que exigirá asimismo que dimitan de sus cargos.
Así lo ha subrayado el vicesecretario general de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, en una comparecencia en la que ha señalado que el PP exigirá el abandono «inmediato» de sus cargos a quienes tengan responsabilidades políticas. Según Pons, el partido está «indignado» y condena «cualquier tipo de corrupción»
El PSOE también ha anunciado que tomará medidas similares contra el alcalde de Parla. Según el secretario de Organización César Luena, José María Fraile será suspendido inmediatamente de militancia en cuanto el partido confirme la detención. Esa medida ya ha sido tomada contra el exalcalde socialista de Cartagena (de 1991 a 1995), José Antonio Alonso. En Murcia tambíen ha sido detenido el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región, gobernada por el PP, Jesús Norberto Galindo.
Esta trama gira en torno a políticos en los últimos años de sus carreras que presuntamente recibieron comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. La red se servía de dos conseguidores de contratos, el constructor David Marjaliza, muy próximo al exconsejero madrileño Francisco Granados, y Alejandro de Pedro Llorca.
La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas «por sospechas graves de blanqueo», que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, «quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año».
La operación la dirigen la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco. Las fuentes consultadas no descartan que haya más políticos implicados en la operación. La operación, que está a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y estaba planificada desde el miércoles de la semana pasada.
Aviso a Granados
Al parecer, un agente avisó al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Durante la investigación a esta trama de corrupción, que pivota alrededor de dos «conseguidores» -los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca-, se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados y los agentes descubrieron que un compañero habría alertado a Granados de las pesquisas que se estaban realizando, lo que sería constitutivo de un delito de revelación de secretos.
Delitos que se les imputan
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal. La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto «la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos».
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.