Catalá garantiza a la Xunta que mantendrá los partidos judiciales

En el Congreso prometió reforzar los medios para combatir la corrupción


Redacción / La Voz

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió ayer con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a no cambiar la actual organización judicial en Galicia, manteniendo en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que llevará al Congreso en las próximas semanas, el sistema actual de organización en partidos judiciales.

Catalá Polo explicó que la reforma avanzará en «modelos de organización más flexibles», pero sin afectar a los sistemas tradicionales y manteniendo la planta judicial y los juzgados de paz. «Somos conscientes de las inquietudes y problemas que existen en torno a la organización y la estructura en el territorio del sistema judicial y, por eso, nuestro compromiso va a ser mantener el modelo actual», dijo.

La sustitución del sistema tradicional por el de tribunales de instancia de ámbito provincial era uno de los pilares del anteproyecto de LOPJ y había levantado muchas opiniones contrarias entre responsables municipales y autonómicos, ya que vendría a suponer la supresión de juzgados en los municipios que no fueran capitales de provincia.

El presidente de la Xunta, en la reunión de más de una hora con el nuevo titular de Justicia, le expuso que los asuntos que más preocupan a los gallegos son el futuro de la organización de la planta judicial y los efectos que tendrá en una comunidad como la gallega que actualmente tiene un mapa de 45 partidos judiciales. También habló de la organización de registros civiles y el cobro de tasas. Catalá le anunció que convocará una conferencia sectorial en los próximos días y le aseguró que tiene «bien identificadas» las inquietudes y problemas que existen.

Tranquilo y satisfecho

Por su parte, el presidente gallego a la salida de la entrevista dijo irse de esta reunión «tranquilo y satisfecho» por haber sido entendido «en lo referido a la situación geográfica y poblacional» y porque la planta judicial gallega «queda en situación de seguridad y de estabilidad», informa Efe. Además, subrayó que Rafael Catalá entendió también «la importancia de mantener al día los pagos al turno de oficio en los casos de justicia gratuita».

Por la tarde, Rafael Catalá, en su primera y densa comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, se comprometió a llevar a la Cámara proyectos «viables para lo que queda de legislatura», entre ellos reformas parciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera para, sin modificar la demarcación por partidos judiciales, introducir técnicas de distribución del trabajo entre los juzgados con el fin de evitar los colapsos de asuntos.

También prometió la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales, la revisión de las tasas , sin precisar nada, y se declaró proclive a que sean los registradores quienes gestionen los registros civiles.

Agilizar los procesos

Catalá aseguró que «es política del Gobierno no escatimar medios en la lucha contra la corrupción» y por ello se han aprobado todas las medidas de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el orden penal y la Audiencia Nacional y por la Fiscalía». Apostó por agilizar la investigación de los macroprocesos que suelen sufrir una «larguísima» duración, establecer un plazo máximo de instrucción y sustituir el término de imputado por otro que no lleve aparejada esta «especie de precondena» y visión negativa que a menudo percibe la ciudadanía. «Es un tema más terminológico, pero trabajaré para encontrar una solución», precisó.

La modificación procesal penal introducirá el enjuiciamiento rápido de los delitos de conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas y medidas para agilizar los macroprocesos, acabando con la regla de conexidad. Dijo que la concatenación de unos hechos delictivos con otros atribuidos a las mismas personas alarga indebidamente los procesos sobre corrupción que presentan una especial complejidad. La eliminación de la regla de conexión en estos casos permitirá «que los imputados sean juzgados en un plazo razonable», dijo.

También aludió a que el Gobierno está dispuesto a establecer «un mayor control» sobre el ejercicio del derecho de gracia, a la hora de conceder indultos.

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