Temor a que el caso de Fernández Villa sea la punta del iceberg

Las sospechas apuntan a los millonarios fondos mineros y otras irregularidades como origen del dinero defraudado


redacción / la voz

Que las ingentes cantidades de dinero público destinadas a lo largo de las últimas décadas a paliar los efectos de la reconversión y a calmar los ánimos del conflictivo y combativo sector minero propiciaron mucha corrupción en Asturias no era un secreto para casi nadie en el Principado y para muchos fuera de él. Que uno de los más relevantes protagonistas de este proceso, José Ángel Fernández Villa, el histórico dirigente de SOMA-UGT, el principal sindicato de la cuenca minera, acumulase una fortuna personal millonaria, sí resultó un poco más sorprendente, porque quienes lo conocen aseguran que siempre llevó una «vida espartana».

Dirigentes socialistas y de los partidos y sindicatos con mayor implantación en Asturias admiten implícitamente que Villa no estaba solo y no ocultan su temor a que este escándalo acabe salpicando en cualquier momento a otros militantes, incluso dirigentes de estas organizaciones.

Antón Saavedra, un viejo rival de Villa en el sindicato y el partido, en declaraciones realizadas ayer, señaló que «lo de Villa es pecata minuta» y se mostró convencido de que hay más implicados.

¿De dónde salieron esos 1,4 millones de euros que el histórico dirigente sindical minero guardaba celosamente bajo el colchón y que hace un par de años cometió el error de intentar aflorar, sin justificar su origen, acogiéndose a la amnistía fiscal? Eso es lo que trata de averiguar desde hace seis meses la fiscala Carmen García Cerdá, a quien le cayó en reparto el tema dentro de la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia presentada por la Agencia Tributaria.

Su trabajo no va a ser fácil, porque según distintas fuentes consultadas, el origen de las presuntas mordidas de Fernández Villa puede ser múltiple y en la mayoría de los casos podría no haber dejado demasiados rastros.

Gestión poco eficiente

La Sindicatura de Cuentas de Asturias, en su informe definitivo sobre las ayudas a la minería, califica de «poco eficiente» la gestión de las ayudas a la minería. A título de ejemplo apunta que de una partida de 248,3 millones de euros no existe certificación alguna que acredite el gasto de 125,4 millones.

Los fondos mineros que destinaron a Asturias cerca de 4.500 millones de euros entre los años 1998 y 2012 pasaron por manos de administraciones de distinto color político y ninguno de ellos puso especial empeño en fiscalizarlos, dado que el objetivo primordial era mitigar la conflictividad generada por el cierre de las explotaciones mineras.

Estos fondos, no obstante, según fuentes del sector, tenían una «gestión administrativa compleja» y, en buena parte, fueron destinados a subvencionar la instalación de nuevas empresas en la región cuyos propietarios tuvieron manga ancha para pagar favores con la colocación de candidatos propuestos por los sindicatos.

Cuentan que Fernández Villa, que solía ir los domingos a misa en coche, a la salida siempre tenía cola a la puerta del mismo para atender peticiones de apoyo para encontrar trabajo o ser incluido en un ERE que tenía en marcha alguna de las empresas creadas con fondos mineros.

A eso se sumarían los fondos destinados a formación que manejó el sindicato, la legalización o tolerancia de los chamizos (explotaciones mineras ilegales) y la gestión del Montepío de Mineros.

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