El ministro de Justicia ofrece diálogo para revisar la ley de tasas, pero no las suprimirá

Catalá Polo tiende la mano a la abogacía para consensuar también otras leyes, como las de la justicia gratuita y colegios profesionales

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, con el ministro Rafael Catalá.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, con el ministro Rafael Catalá.

redacción / la voz

Apenas una semana después de su toma de posesión, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio ayer la primera muestra de su talante dialogante acudiendo a un pleno del Consejo General de la Abogacía -uno de los colectivos más críticos con las iniciativas de su antecesor- y les ofreció «su máxima colaboración y su lealtad absoluta» para conseguir reformas desde el «diálogo y el consenso».

Aludió en concreto a las tasas judiciales, la ley de justicia gratuita y la reforma de los colegios profesionales, que son los principales proyectos que preocupan a los abogados y dijo que «todos ellos están en la agenda del ministerio y queremos llevarlos a cabo de manera consensuada, mediante acuerdos con la abogacía y el resto de operadores jurídicos», explicó a la salida precisando que «yo no entiendo de reformas si no es con el apoyo de los afectados y los profesionales a quienes van dirigidas estas medidas».

Mesa sectorial

Horas más tarde se estrenó como ministro en el Congreso, en una sesión de control al Gobierno en la que anunció que convocará una mesa sectorial para hablar sobre tasas judiciales y justicia gratuita, entre otros asuntos, y prometió a las autonomías abordar con «absoluta transparencia» estas y otras cuestiones.

Catalá Polo respondió a una interpelación del diputado del PNV Emilio Olabarria, en la que calificó la ley de tasas de «fraude» a las comunidades autónomas, a los operadores jurídicos y a los ciudadanos. La ley en cuestión vincula los gravámenes a la financiación de la justicia gratuita, sin embargo las comunidades con las competencias transferidas han tenido que cargar este servicio a sus presupuestos.

El ministro dejó claro que no se van a suprimir las tasas judiciales de las que él fue el promotor de su introducción en la jurisdicción mercantil para las personas jurídicas, durante su etapa como secretario de Estado de Justicia con Michavila como ministro. Sí se mostró partidario de «mejorar» la ley actual y de hablar sobre la financiación de la justicia gratuita «sin contaminar un debate con otro». Prometió evaluar su impacto, pero recordó un 83 % de los ocho millones de asuntos que entran cada año en los tribunales están libres de tasas, ya que las nuevas solo se aplican en lo civil y lo contencioso-administrativo.

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