Un pederasta nunca se cura del todo, pero puede fingir que lo está

ESPAÑA

El caso de Ciudad Lineal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento jurídico a este tipo de delincuentes. Los ciudadano reclaman soluciones

05 oct 2014 . Actualizado a las 10:16 h.

Antonio Ortiz fue condenado en el 2000 a nueve años por secuestrar a una niña de siete años en la puerta del colegio, meterla a la fuerza en un coche y abusar sexualmente de ella. Entonces reconoció los hechos. En el 2006 la Audiencia Provincial de Madrid le concedió el tercer grado penitenciario, en contra del criterio de la junta de tratamiento de la cárcel y del juez de vigilancia, que habían emitido informes negativos. Los magistrados adujeron para justificar su decisión «el cambio positivo en su autocontrol, su autoestima y su escala de valores», su buena conducta dentro de la prisión y haber disfrutado de varios permisos desde hacía dos años. El único factor en contra que observaron fue su «tipología delictiva». Se le otorgó el régimen abierto restringido con salidas los fines de semas. Cinco meses después la Audiencia le negaba la libertad condicional, alegando que había rechazado seguir los tratamientos en la cárcel. Pero, además, en este caso ha habido otro fallo clamoroso, porque en las bases de datos de la policía no constaba el delito de agresión sexual, sino solo el de detención ilegal, según reconoció el jefe superior de policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díaz, lo que dificultó el trabajo de los investigadores.

Este individuo violento y muy peligroso tiene un largo historial delictivo a sus espaldas, que incluye robos con fuerza y violencia, detenciones ilegales, secuestros, agresión sexual y violencia de género, delito por el que estuvo preso casi dos años, entre el 2009 y el 2011. Su primera detención data de 1992 y un año después ingresaba en prisión. Ahora está acusado de cinco delitos de agresión sexual consumados, cinco de detención ilegal, tres de tentativa de detención ilegal y dos de tentativa e homicidio. «Con el informe en contra de la Junta de Tratamiento entiendo que no debería concederse nunca el beneficio penitenciario solicitado», asegura la abogada penalista Olga Tubau. Explica que los profesionales que la integran son los más adecuados para evaluar la evolución del interno, porque son los que llevan a cabo su seguimiento cotidiano. Más contundente se muestra Ignacio Bermúdez de Castro, abogado coruñés especializado en derecho de familia, que califica de «barbaridad» y «atrocidad» esta resolución, teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia de este tipo de delincuentes y que durante sus permisos no está previsto legalmente que sean sometidos a vigilancia.

Para este jurista, tendrían que ser objeto de un «control exhaustivo, porque suelen actuar por un impulso a veces irreprimible». Más aún cuando como Ortiz rehúsan recibir terapias adecuadas para agresores sexuales en prisión. Tubau, que también es profesora de Derecho Penal, indica que la legislación española tampoco contempla la figura del agente de la condicional, que existe en Estados Unidos y sirve para controlar a aquellos condenados a los que se pone en libertad antes de cumplir sus penas para que se vayan adaptando a su vuelta a la sociedad.