El caso de Ciudad Lineal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento jurídico a este tipo de delincuentes. Los ciudadano reclaman soluciones
05 oct 2014 . Actualizado a las 10:16 h.Antonio Ortiz fue condenado en el 2000 a nueve años por secuestrar a una niña de siete años en la puerta del colegio, meterla a la fuerza en un coche y abusar sexualmente de ella. Entonces reconoció los hechos. En el 2006 la Audiencia Provincial de Madrid le concedió el tercer grado penitenciario, en contra del criterio de la junta de tratamiento de la cárcel y del juez de vigilancia, que habían emitido informes negativos. Los magistrados adujeron para justificar su decisión «el cambio positivo en su autocontrol, su autoestima y su escala de valores», su buena conducta dentro de la prisión y haber disfrutado de varios permisos desde hacía dos años. El único factor en contra que observaron fue su «tipología delictiva». Se le otorgó el régimen abierto restringido con salidas los fines de semas. Cinco meses después la Audiencia le negaba la libertad condicional, alegando que había rechazado seguir los tratamientos en la cárcel. Pero, además, en este caso ha habido otro fallo clamoroso, porque en las bases de datos de la policía no constaba el delito de agresión sexual, sino solo el de detención ilegal, según reconoció el jefe superior de policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díaz, lo que dificultó el trabajo de los investigadores.
Este individuo violento y muy peligroso tiene un largo historial delictivo a sus espaldas, que incluye robos con fuerza y violencia, detenciones ilegales, secuestros, agresión sexual y violencia de género, delito por el que estuvo preso casi dos años, entre el 2009 y el 2011. Su primera detención data de 1992 y un año después ingresaba en prisión. Ahora está acusado de cinco delitos de agresión sexual consumados, cinco de detención ilegal, tres de tentativa de detención ilegal y dos de tentativa e homicidio. «Con el informe en contra de la Junta de Tratamiento entiendo que no debería concederse nunca el beneficio penitenciario solicitado», asegura la abogada penalista Olga Tubau. Explica que los profesionales que la integran son los más adecuados para evaluar la evolución del interno, porque son los que llevan a cabo su seguimiento cotidiano. Más contundente se muestra Ignacio Bermúdez de Castro, abogado coruñés especializado en derecho de familia, que califica de «barbaridad» y «atrocidad» esta resolución, teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia de este tipo de delincuentes y que durante sus permisos no está previsto legalmente que sean sometidos a vigilancia.
Para este jurista, tendrían que ser objeto de un «control exhaustivo, porque suelen actuar por un impulso a veces irreprimible». Más aún cuando como Ortiz rehúsan recibir terapias adecuadas para agresores sexuales en prisión. Tubau, que también es profesora de Derecho Penal, indica que la legislación española tampoco contempla la figura del agente de la condicional, que existe en Estados Unidos y sirve para controlar a aquellos condenados a los que se pone en libertad antes de cumplir sus penas para que se vayan adaptando a su vuelta a la sociedad.
¿Tienen curación estos agresores sexuales? «Los tratamientos son de dos clases, psicológicos y farmacológicos, que tienen un cierto nivel de eficacia y pueden lograr una mejoría, pero no la curación», asegura Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Destaca, además, que los presos pueden rechazar ser tratados. Según estudios realizado en centros penitenciarios, los internos que los aceptan tienen un menor grado de reincidencia. «El problema con este tipo de personas es que pueden mostrar buena adherencia al tratamiento, progreso en el mismo, pero que puede ser fingido», explica Ramón Arce, catedrático de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago. «Para saber cuál es su estado real no basta con la típica evaluación penitenciaria estándar, hay que estudiar cada caso en términos forenses para controlar el engaño que practican», añade.
¿Qué se puede hacer para disminuir la amenaza que suponen estos violadores y agresores sexuales reincidentes cuando salen de la cárcel, sabiendo que no tienen curación y que muchos de ellos nunca se han arrepentido de sus crímenes ni se han sometido a terapias en la cárcel? Es un debate abierto e imprescindible, dada la gran alarma social que generan estos delitos.
Reforma congelada
La reforma del Código Penal que agrava las penas a los agresores sexuales e introduce la cadena perpetua revisable, diseñada por el Gobierno tras la conmoción que provocaron casos como el de la pequeña Mari Luz Cortés, lleva más de un año congelada en el Congreso. Pero, en todo caso, no se podría imponer a Ortiz porque está limitada a los casos en que el agresor mata a su víctima. En la reforma del Código Penal que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010 se introdujo la figura de liberad vigilada, pero para casos muy determinados, que fija un límite máximo de diez años. La que proyectó el Ministerio de Justicia cuando su titular era Alberto Ruiz-Gallardón contempla que el juez pueda prorrogarla de forma indefinida si considera que existe un alto grado de reincidencia.
¿El mismo saco?
A Tubau le parece una buena medida la denominada libertad vigilada no invasiva para delitos contra la libertad sexual, aunque depende de cómo se aplique y de los medios de que disponga para ponerla en práctica. Sin embargo, destaca que no se aplica retroactivamente a los que delinquieron con anterioridad al 2010. La penalista advierte, además, de que no se puede meter a todos los condenados en el mismo saco. «Es muy distinta una persona que ha llevado a cabo unos abusos sexuales puntuales sobre una única víctima en determinadas circunstancias que los depredadores sexuales», sostiene. En su opinión, debería abrirse un debate sobre qué respuesta jurídica, social y médica debe haber si se demuestra que hay «personas irrecuperables para llevar una vida normal en sociedad sin poner en peligro a nadie». «Médicos, psiquiatras y especialistas en comportamiento humano deberían evaluar cada caso para dilucidar si esas personas pueden tener un cierto régimen de libertad o no, si tienen que estar controlados permanentemente o no», concluye. La Constitución establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Bermúdez de Castro lo señala, pero asegura que «tiene que primar la seguridad de la ciudadanía, ya que la reincidencia en estos delitos es muy alta, por lo que hay que tomar medidas cautelares, que no supongan una ignominia ni se les dé publicidad».
Registros de pederastas
Vicente Garrido, profesor de Criminología de la Universidad de Valencia, señala que los agresores sexuales con una fuerte fijación en niños muy pequeños, como es el caso de Ortiz, son los que tienen más riesgo de reincidencia. Considera que «los delincuentes sexuales violentos reincidentes, que ocasionan un gran sufrimiento a sus víctimas y con importantes rasgos de psicopatía, tienen un pronóstico malo». Y aboga por que haya «una supervisión de estas personas después de cumplir sus condenas de acuerdo con el nivel de riesgo que representen, un sistema de seguimiento discreto, que permita saber lo que están haciendo, estar al tanto de su comportamiento, pero que también incluya una ayuda para su integración». Si, añade, se les deja que sean lobos solitarios, se les aísla, acosa y se les trata como apestados la posibilidad de que reincidan aumenta. «Cuando estas personas salen de prisión es necesario arbitrar medidas externas de control, porque el riesgo de reincidencia es muy elevado», señala también Arce. Apunta que una vez que terminen de cumplir su condena debería «revisarse su estado, como se hace con los enfermos mentales, y analizar si están en disposición de llevar una vida en libertad, valorar su peligrosidad y tomar medidas». Bobes, jefe de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo, insiste en que los tratamientos que se les administran no curan, como si se tratara de una gripe, por lo que «existe el riesgo de que reincidan, lo que requiere una respuesta del sistema político y social». Y advierte de que la tolerancia social es cada vez menor. En algunos países funcionan los registros de pederastas. En el Reino Unido, estos delincuentes, que la legislación equipara a los terroristas, están obligados a registrarse, y su permanencia en el fichero es de por vida si son condenados a más de 30 meses. Los ciudadanos tienen derecho a saber si alguien con antecedentes vive en su barrio. El Gobierno español anunció hace meses que lo crearía para que constaran «para siempre» los condenados en firme, aunque sin aclarar los detalles. Para algunos juristas, como Bermúdez de Castro, sería inconstitucional. Garrido señala que «no se ha probado que sean efectivos». Para Arce, «impediría totalmente su ya difícil reinserción». «Es muy discutible estigmatizar de por vida a estas personas y que, por ejemplo, nadie les quiera alquilar un piso», afirma Tubau.
La mal llamada castración química, que en algunos estados norteamericanos y en Polonia es obligatoria en los casos de depredadores sexuales, puede ser «una ayuda para determinados sujetos, ya que baja los niveles de testosterona y por tanto el deseo sexual, pero no es suficiente», según Garrido. Es una medida que, en todo caso, no debe imponerse. No es la solución, estima Arce, pues «no es garante de que no vayan a seguir ejerciendo la violencia». Explica que «no es una mera cuestión biológica, es más cognitiva y emocional, por lo que la castración no elimina el origen del problema». Y añade que «con la castración química podrían seguir teniendo erecciones, podrían tomar productos para tenerlas o valerse de instrumentos para la perpetración de la violencia sexual». El derecho a la eutanasia a un preso condenado por varias violaciones a cadena perpetua, que lleva 30 años en prisión y alegó que padece un «sufrimiento psíquico insoportable». Javier Urra, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, sugirió hace unos días que el suicidio es una «salida ética» para los pederastas multirreincidentes que no muestran arrepentimiento, aunque luego matizó, tras la polémica desatada, que él nunca induciría a nadie a quitarse la vida.