La carga de trabajo en la mitad de los juzgados es un 150 % superior a lo admisible
28 sep 2014 . Actualizado a las 18:03 h.Casi la mitad de los juzgados españoles -exactamente el 43,53 % - están desbordados. Su carga de trabajo supera en un 150 % la media de lo que el propio Consejo General del Poder Judicial considera admisible. El deterioro de la calidad del servicio público de la Justicia es evidente. Además, el 92,66 % de los jueces encuestados declara padecer estrés derivado del exceso de trabajo. Son datos sacados de un informe realizado por los propios servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial que acaba de hacer público la asociación Jueces para la Democracia, coincidiendo con el cambio de titular al frente de la carta ministerial.
Pero esta no es la única herencia envenenada que le deja Alberto Ruiz-Gallardón al nuevo inquilino del palacio de Parcent. Rafael Catalá también se encontrará a los colectivos de operadores jurídicos -jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios, registradores y funcionarios judiciales, sindicatos, partidos de la oposición- enfadados e indignados, como víctimas agraviadas de la política errática del hiperactivo Ruiz-Gallardón.
Esta hiperactividad desenfrenada que el dimisionario ya había evidenciado en su etapa de alcalde de Madrid, le llevó a acometer de forma casi simultánea la reforma de los pilares básicos del sistema judicial. Unas reformas cuya necesidad, en la mayoría de los casos, nadie o casi nadie cuestiona, pero que por su envergadura requieren un consenso mínimo que pasa por el diálogo con los directamente afectados y el resto de los grupos políticos.
Con este panorama, en el año que queda de legislatura, y con las citas electorales que habrá por medio, el nuevo ministro apenas tendrá tiempo para volver a tender puentes y recuperar el diálogo. ¿Por quién empezará? Esa, según los expertos, será una pista clave para saber por dónde irá su política.
Proyectos acabados
Ley de tasas y reforma del CGPJ. De todos los grandes proyectos de reforma del sistema judicial de la era Gallardón, los únicos que ha logrado culminar son la polémica ley de tasas y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que ya están en vigor, pero a Catalá le queda lidiar con la resolución de sendos recursos planteados por la oposición ante el Tribunal Constitucional.
Así quedan el resto de los grandes proyectos de reforma judiciales del trienio Gallardón:
En trámite
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se encuentra en el Parlamento en fase de presentación de enmiendas a la totalidad que concluye el martes. Si prosperase en su actual redacción, eliminará la figura del imputado y limita a un mes el secreto sumarial.
Código Penal. Su enésima reforma que, según sus detractores, ha sido redactada a golpe de titular de prensa, incluye la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, así como importantes cambios en la tipificación de los delitos económicos. Está en el Congreso y es muy improbable que salga en esta legislatura.
Privatización del Registro Civil. Queda iniciado el proceso de pasar esta competencia a los registradores mercantiles y de la propiedad, pero estos no parecen dispuestos a asumirla en las condiciones en las que se le ofrece.
Consejo de Ministros
Código Mercantil. Tampoco tiene visos de salir en esta legislatura y no tanto porque sea polémico, sino por su complejidad. Una comisión de codificación lleva trabando en él desde la época del ministro López Aguilar. El proyecto ya recibió el visto bueno del Consejo de Ministros y está pendiente del Consejo de Estado.
Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Es una de las cuestiones más peliagudas que tendrá que enfrentar el nuevo ministro. Afecta a temas tan sensibles como la colegiación obligatoria o a la incompatibilidad entre las funciones de abogado y procurador. El texto ya pasó por el Consejo de Ministros.
Aparcada
Código Ley Orgánica del Poder Judicial.Prevé la creación de los tribunales de instancia provinciales y la supresión de las audiencias, así como el traspasado de la dirección de la instrucción de los procesos de los jueces a los fiscales. Se da por aparcada, al menos en esta legislatura, y nadie cree que salga en la siguiente. Ligada a ella va la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.