Sáenz de Santamaría: «No se va a celebrar porque es inconstitucional»

La Voz AGENCIAS

ESPAÑA

El Gobierno ya ha solicitado al Consejo de Estado, que se reunirá mañana por la tarde, el informe preceptivo para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional

27 sep 2014 . Actualizado a las 17:26 h.

El Gobierno ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre que, según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría «no se va a celebrar porque es inconstitucional».

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien regresa esta noche de su viaje a China, ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo para la presentación de los recursos ante el Constitucional contra esa ley de consultas y contra el decreto de convocatoria, firmado hoy por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Una vez que el Consejo de Estado emita su informe, se reunirá el Consejo de Ministros para que el Gobierno pueda plantear los recursos ante el TC.

El Consejo de Estado reunirá mañana, domingo, su Comisión Permanente para aprobar el dictamen de estos dos recursos. Fuentes de esta institución han informado a Efe de que la reunión de la Comisión Permanente tendrá lugar a lo largo de la tarde de mañana, domingo.

«No se va a celebrar por es inconstitucional»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado «profundamente» hoy que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya firmado el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre y ha asegurado que «no se va a celebrar porque es inconstitucional».

Sáenz de Santamaría ha pronunciado estas palabras durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa después de que Artur Mas firmara hoy ese decreto de convocatoria que, a juicio de la vicepresidenta, «es un error y fractura a la sociedad catalana, divide a los catalanes, les aleja de Europa y del sentir de los tiempos».

Ha recordado que el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalitat anunció la convocatoria del referendo de autodeterminación, la fecha y las preguntas y que ya entonces el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que no se iba a celebrar.

Sáenz de Santamnaría dijo que desde entonces Rajoy, el Gobierno y el Congreso le han recordado a Mas que «no hay nada por encima de la voluntad soberana del pueblo español, que es el titular único de la soberanía, y que a todos los españoles les corresponde decidir qué es España y cómo se organiza».

«Ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español, ningún Gobierno puede ceder o transigir sobre lo que sólo pueden decidir el conjunto de los españoles. Es la ley la que protege esa voluntad soberana del conjunto del pueblo español. Sin ley no hay democracia», ha subrayado la vicepresidenta.

Y ha apostillado: «Ningún Gobierno ni nadie está por encima de la ley, porque nadie está por encima de la voluntad soberana de los españoles».

Sáenz de Santamaría ha señalado que es al Gobierno al que le corresponde «velar para que esa ley se cumpla, que es tanto como velar por la pervivencia de la democracia».

Por ello, ha explicado, que los recursos de inconstitucionalidad que planteará el Gobierno van en la línea de proteger los derechos de los ciudadanos y la vigencia de la democracia.

Elogios de Duran i Lleida

Tras la firma por parte de Artur Mas, han llegado las reacciones desde los distintos partidos políticos. El líder de UDC y de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha elogiado este sábado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya firmado el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre, «cumpliendo el programa electoral».

«El Presidente de Cataluña, cumpliendo programa electoral, convoca consulta sobre el futuro político de nuestro país», ha apuntado en su cuenta de Twitter.

«¡Ahora queremos votar!», ha añadido el dirigente democristiano, que ha considerado este sábado un día histórico.

Sánchez Camacho acusa a Mas de levantar «un muro»

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado hoy que, con la convocatoria Artur Mas ha levantado «un muro» para «dividir y enfrentar» a los catalanes, en lo que ve una «traición a la democracia». La líder de los populares ha comparecido para valorar una decisión que, según su opinión, es una «traición» a la democracia, al «seny» (sentido común) y a la convivencia de los catalanes.

Sánchez-Camacho ha acusado al Gobierno catalán de organizar un «referendo sin garantías democráticas» que, según ha enfatizado, no está amparado por la Constitución y el Estatuto, y es «un fraude» basado en la Ley de Consultas.

Iceta acusa a Mas de crear falsas expectativas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al presidente de la Generalitat de «crear falsas expectativas y alimentar una gran frustración» con la convocatoria de la consulta soberanista, ya que avisa de que no se ajusta al marco legal de la Ley de Consultas y no se celebrará.

«Somos un partido que votó a favor de la Ley de Consultas, pero esta ley no puede amparar una pregunta propia de un referéndum, y la que se plantea lo es», ha sostenido el socialista en rueda de prensa. En este sentido, Iceta ha aprobado que el Gobierno central recurra el decreto de convocatoria ante el Tribunal Constitucional (TC), que ha destacado que es quien hará de «árbitro» y decidirá sobre la legalidad de la convocatoria en última instancia.

VOX anuncia acciones legales

Vox ha anunciado que llevará ante los tribunales, la fiscalía y cualquier otra institución pertinente «toda acción política que vulnere los preceptos constitucionales contemplados en los primeros artículos de la Carta Magna, fundamentada en la indisoluble unidad de la nación española, y en una soberanía nacional que 'reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado'».

A través de un comunicado, y ante las posibles «acciones secesionistas» por parte del Gobierno de Cataluña, Vox ha opinado que «ejercer políticas contrarias al Estado de Derecho supone un grave riesgo para el interés general, la libertad individual y la convivencia», por lo que insta a los representantes del Estado a ser «implacables en forma y fondo ante este desafío».