La llamada de ERC a la desobediencia abre grietas en el frente soberanista

Esquerra Republicana dio ayer una vuelta de tuerca en el pulso que mantienen las fuerzas soberanistas de Cataluña con el Gobierno central. Su líder, Oriol Junqueras, hizo un llamamiento a la desobediencia civil para votar el 9 de noviembre si el Constitucional, como todo apunta que hará, prohíbe la celebración del referendo después de que el Gobierno recurra su convocatoria y la ley de consultas que le sirve de paraguas jurídico.

La falta de unidad es a día de hoy el flanco más endeble del soberanismo, que ni siquiera en vísperas de la Diada evitó las polémicas partidistas. El líder de Esquerra anticipó ayer los problemas que tendrá Mas en el momento de la verdad y de manera explícita llamó a la «desobediencia civil» si el Estado veta la consulta. «Los catalanes ejerceremos nuestros derechos fundamentales, el 9-N votaremos», dijo. Y añadió: «La máxima expresión de desobediencia civil es votar cuando no te dejan votar. Los ciudadanos tienen el deber de desobedecer cuando se atenta contra un derecho fundamental como el del voto», expresó en Catalunya Radio.

El presidente de Esquerra hizo de portavoz de una parte de la sociedad catalana que entiende que Cataluña ya es soberana y por tanto considera que las decisiones que toma el Parlamento catalán no pueden estar supeditadas al Tribunal Constitucional.

Ante las apelaciones directas a saltarse la ley, el Gobierno catalán suele evitar las afirmaciones inequívocas y desde hace meses se mueve en un lenguaje ambiguo que le permite ni confirmar ni desmentir que vaya a ignorar el veto del Constitucional. El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, instó a Mas a dejarse de ambigüedades y a que «desdeñe los consejos envenenados» de los partidos que le piden que ignore la decisión del Constitucional y convoque la consulta en cualquier caso.

Mas insiste en que las cosas hay que hacerlas bien y su portavoz, Francesc Homs, tachó de «recurso literario» las palabras de Junqueras. El portavoz, no obstante, evitó decir qué hará el Gobierno de Cataluña ante el llamamiento a la desobediencia civil si se confirma la prohibición de la consulta porque «no se pronuncia sobre hipótesis». La portavoz de Convergència, Mercè Conesa, en el reparto de papeles que han hecho, fue más rotunda y afirmó que el referendo debe hacerse de manera legal y con las máximas garantías. También Iniciativa pidió plenas garantías democráticas para la consulta, dando a entender por primera vez que no estaría a favor de la desobediencia que reclaman Esquerra y CUP.

Estos cuatro partidos se verán las caras en privado cuando Mas les llame para consensuar la respuesta al Constitucional. A partir de ahí, el presidente de la Generalitat tendrá dos problemas: decidir la reacción catalana al veto a la consulta y además tratar de sacar adelante la legislatura, a la que aún le quedan dos años. De momento, depende de Esquerra, pero las relaciones con los republicanos se han ido deteriorando, sobre todo por la decisión de estos de impulsar una comisión de investigación sobre el caso Pujol, a la que serán llamados miembros del Ejecutivo catalán, el presidente incluido.

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