La juez Mercedes Alaya, considera que todos ellos fueron partícipes de la implantación de un sistema inadecuado que permitió dar ayudas de forma arbitraria
05 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Supremo no ha dejado pasar muchos días desde el inicio del curso para pedir a la Fiscalía que le informe a cerca de si es competente para investigar, y llegado el caso imputar, a los aforados relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, considera que todos ellos fueron partícipes de alguna manera de la implantación en la administración regional de un sistema inadecuado que permitió dar ayudas de forma arbitraria y al margen de cualquier intento de fiscalización.
La Fiscalía ha dejado entrever que se inclinará por abrir una investigación en el alto tribunal a raíz del informe elaborado por la Intervención General del Estado, que a juicio del Ministerio Público «proporciona elementos más que suficientes» para ello. Dicho informe apuntala la tesis de Alaya y considera «inadecuado» e «improcedente» el uso de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, y reprocha que por ejemplo la Intervención de la Junta o los consejeros de Hacienda entre (Griñán entre ellos) no pararan las irregularidades. También censura la gestión y vigilancia de las ayudas concedidas.