Admite ante los empresarios catalanes que la independencia tiene un precio
05 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer que el proceso catalán ha entrado en las horas decisivas, aunque evitó mostrar todas sus cartas y no aclaró qué hará el 9 de noviembre si el Constitucional suspende la consulta tras la segura impugnación del Gobierno central a la convocatoria. Las instituciones catalanas, dijo, están «decididas a ir adelante», la sociedad está «movilizada» y «mi determinación» para votar el 9 de noviembre es «total». «Tengan en cuenta que la consulta se hará, haré todo lo posible para que se vote», señaló en la Cámara de Comercio de Barcelona ante la plana mayor del empresariado catalán, que pidió estabilidad y menos aventuras.
Su discurso fue contundente, en los días previos a la Diada, cuando miles de catalanes aún meditan si acudir a los actos de la Diada del 11 de septiembre para seguir reclamando la consulta y la independencia. A diferencia de reclamaciones anteriores, lo que Mas pide ahora a Mariano Rajoy es que no haga nada, es decir, que cuando el Parlamento catalán apruebe dentro de dos semanas la ley de consultas y acto seguido firme el decreto de convocatoria, lo que el presidente de la Generalitat reclama es que la Abogacía del Estado no recurra la consulta al Constitucional. Que Rajoy deje hacer porque, según Mas, la consulta solo es consultiva y no tiene consecuencias jurídicas.
Su objetivo es votar, lo repite siempre, de ahí que Mas hablara ayer de mantener el tipo, de no agachar la cabeza, de no inclinarse ante el Estado e incluso señaló que el «discurso sobre la legalidad es secundario», unas palabras que suelen gustar a la parroquia más soberanista. Sin embargo, introdujo unas gotas de ambigüedad, al decir que el referendo «hay que hacerlo bien» y «sin hacer el ridículo». Mas no aclaró a qué se refería, pero de sus palabras podía interpretarse que su intención no es celebrar una consulta vetada por el Constitucional.
El Gobierno catalán es consciente de las dificultades que comportaría ignorar la suspensión del Constitucional porque habría ayuntamientos, los gobernados por el PSC y el PP, que se negarían a participar en una votación ilegal, igual que funcionarios o ciudadanos llamados a formar parte de las mesas. Esa cita carecería de validez internacional, la UE no se la tomaría en serio.
El coste de la secesión
Mas utilizó el doble lenguaje ante los empresarios, aunque también trasladó mensajes inequívocos y cargados de realismo. «Pensar que un proceso de estas características se hace de rositas no es posible», afirmó ante los empresarios. Y remató: «Los que quieren libertad han de saber que la libertad tiene un precio y que no tenerla también, y quizás más alto».
En este sentido, el presidente de la Generalitat anunció que este mes el Gobierno catalán, como en Escocia, publicará el libro blanco sobre la independencia de Cataluña, que incluirá las preguntas clave para la constitución de un nuevo Estado. Además, y para tranquilizar al empresariado catalán, expresó su disposición a dialogar con Rajoy antes y después del 9 de noviembre.
Mas, que lanzó duras críticas a Esquerra por su actitud en la comisión de investigación sobre Jordi Pujol y por su negativa a asumir más responsabilidades de gobierno -«unos no solo pueden recibir golpes y otros las caricias», dijo-, no descartó las elecciones anticipadas en caso de veto a la consulta.